Costa Rica se encuentra en un momento crítico en la lucha contra el narcotráfico, intensificando sus esfuerzos frente a un incremento de actividades criminales asociadas al tránsito de drogas. El país, ubicado estratégicamente en Centroamérica, es utilizado como una ruta de paso para narcóticos provenientes de Sudamérica, dirigidos a mercados en Norteamérica y Europa. Estas rutas son conocidas por atravesar tanto el Pacífico como el Caribe costarricense, donde se reportan altos índices de criminalidad relacionados con el tráfico de drogas.
El Ministerio de Seguridad Pública ha implementado políticas como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, que busca reforzar las capacidades policiales e incorporar tecnología avanzada para mapear y prevenir actividades criminales. Hasta noviembre de 2024, las autoridades han incautado más de 7 toneladas de cocaína, una cifra que refleja tanto la escala del problema como los esfuerzos para combatirlo. Operativos recientes en alta mar han permitido desarticular redes que transportaban drogas en embarcaciones rápidas, destacando la cooperación internacional con agencias como la DEA y el apoyo aéreo de Estados Unidos.
Sin embargo, el impacto del narcotráfico trasciende lo operativo. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hay más de 1,000 personas vinculadas al crimen organizado en el país, y los enfrentamientos entre pandillas han disparado los índices de homicidios. En 2023, Costa Rica registró 870 homicidios, un récord histórico impulsado por disputas territoriales entre organizaciones criminales que operan como «carteles locales» y buscan ejercer control mediante violencia.
Zonas como Limón y Jacó, con altos niveles de pobreza y pocas oportunidades laborales, se han convertido en focos de reclutamiento para estas redes. Expertos señalan que la falta de educación formal y de opciones económicas lleva a los jóvenes a integrarse al crimen organizado, lo que agrava la inseguridad en estas comunidades.
El gobierno costarricense continúa enfrentando el desafío de equilibrar la seguridad pública con la recuperación económica, buscando soluciones a largo plazo que involucren tanto prevención como medidas represivas más efectivas.
Fuentes: Tico Times, Diálogo Américas, Cronkite News.
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