Ante el incremento de actos de sicariato en Costa Rica, las autoridades han propuesto limitar el uso de motocicletas con pasajeros masculinos en zonas y horarios específicos. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, sugirió en septiembre de 2024 prohibir temporalmente que dos hombres viajen juntos en motocicletas de baja cilindrada durante ciertos horarios, con el objetivo de dificultar la movilidad de los sicarios y reducir la capacidad de cometer crímenes de forma efectiva.
En paralelo, el diputado Alejandro Pacheco Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, presentó un proyecto de ley que permitiría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) imponer restricciones temporales en zonas específicas y horarios determinados, prohibiendo que dos hombres viajen juntos en motocicleta por razones de seguridad. Esta medida podría tener una vigencia de hasta un año, con posibilidad de prórroga.
¿Funcionó en Colombia o agravó la violencia?
Colombia ha sido uno de los países que más ha aplicado restricciones al uso de pasajeros en motocicletas como medida contra la delincuencia. Sin embargo, estas políticas han tenido efectos mixtos. Si bien en algunas ciudades colombianas se reportaron reducciones en delitos como el sicariato y el hurto tras la implementación de estas restricciones, los grupos criminales encontraron otras formas de operar.
Uno de los efectos más preocupantes en Colombia fue el aumento en el uso de carros bomba como método alternativo de ataque tras la prohibición de pasajeros en motocicletas. En diciembre de 2024, una motocicleta cargada con explosivos detonó en un puesto de control policial en Jamundí, dejando 14 heridos. Asimismo, en septiembre de 2024, un atentado en Arauca con explosivos dejó 28 soldados heridos y dos muertos, atribuyéndose al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estos hechos han generado cuestionamientos sobre la efectividad de la restricción a motociclistas como estrategia de seguridad. Mientras algunos sectores en Costa Rica consideran que la medida podría reducir los homicidios y el sicariato, otros advierten que los grupos criminales podrían adaptar sus métodos, como ocurrió en Colombia, donde el uso de carros bomba y otros artefactos explosivos se incrementó tras la prohibición del pasajeros.
Las autoridades costarricenses deberían analizar la viabilidad de esta política, evaluando su impacto potencial en la seguridad y en la movilidad de miles de motociclistas que utilizan este medio de transporte a diario, dichas propuestas solo benefician al comercio.
Así de facil, un ex alcalde logró la adquisición de 40 sacos y 40 cajas de explosivos. Hablamos de que un político puede facilmente adquirir una gran cantidad de explosivos, ¿ahora el crimen organizado?.
