Los costarricenses no tenemos un medio de comunicación que realmente nos pertenezca. La mayoría de los existentes están sometidos al control económico de agencias de publicidad que han puesto en riesgo la libertad de expresión, convirtiéndolos en simples engranajes de una maquinaria mercantil. Esto deja al pueblo expuesto a golpes de Estado blandos y violaciones del hilo constitucional, como ocurrió durante la pandemia, impidiéndole conocer la verdad sobre lo que sucede en el país. La corrupción solo se destapa cuando hay disputas de poder entre grupos del crimen organizado infiltrados en la política para lavar dinero y saquear los fondos públicos.
El crimen organizado no se limita al narcotráfico. También abarca la evasión y elusión fiscal, la violación de derechos humanos y laborales, y cualquier amenaza contra la vida, la libertad y la propiedad privada. Todo aquello que someta al individuo a la esclavitud moderna es parte de esta estructura criminal.
Las agencias de publicidad, al controlar la financiación de los medios, manipulan lo que se publica. Muchos medios dependen de ingresos constantes para sostener nóminas infladas, lo que los hace vulnerables a la censura encubierta. Mientras tanto, los medios alternativos no tienen recursos suficientes para enfrentar esta maquinaria de manipulación, lo que ha llevado a la polarización social, el deterioro de la familia y la erosión de los principios éticos y morales. La sociedad está siendo moldeada para convertirse en una masa de trabajadores consumistas, sumisos ante las élites, que operan sin rendir cuentas ante la justicia, incluso si sus acciones cuestan vidas o vulneran derechos fundamentales como la salud, la vivienda y el acceso al agua.
El control económico sobre los medios ha destruido el debate público y ha criminalizado la denuncia. Lo que antes era una plataforma para la toma de decisiones ciudadanas, ahora solo sirve para imponer órdenes y deslegitimar el conocimiento de quienes no forman parte del círculo político. Costa Rica carece de un medio financiado por el pueblo, exento de conflictos de interés con el poder político y empresarial. En su lugar, la población es bombardeada con propaganda y manipulada para aplaudir a funcionarios solo por hacer su trabajo.
Las voces disidentes son silenciadas por falta de financiamiento. Aunque un medio alternativo exponga información crítica, la maquinaria de manipulación se encarga de minimizar su impacto. La ausencia de valores en el comercio pone en riesgo la democracia, dejándola a merced de cualquier déspota o grupo criminal enquistado en los poderes del Estado. Los medios de comunicación han sido degradados a simples distractores, incapacitantes para una ciudadanía que necesita defenderse de amenazas ideológicas que azotan al continente.
El ciudadano no tiene acceso a medios independientes. Mientras no haya conciencia de que el financiamiento debe venir del pueblo mismo, los medios alternativos seguirán limitados. Solo cuando el sector empresarial entienda que forma parte de un ecosistema mayor y adopte una conciencia social real, podrá evitar ser devorado por monopolios y prácticas abusivas que los obligan a cerrar o venderse a precios irrisorios.
El control de las comunicaciones en Costa Rica es una amenaza para la ciudadanía, el comercio, la empresa privada y la clase trabajadora. El país debe estar alerta ante la concentración de riqueza y el endeudamiento desmedido, señales claras de lo que llevó a los empresarios venezolanos a apoyar un golpe de Estado blando, solo para luego ser despojados de sus negocios. Un pueblo empobrecido no puede defenderse: está condenado a la supervivencia diaria y a la sumisión.
Opinión de Gerardo Ledezma.
