Cada vez son más las voces que denuncian públicamente el uso indebido de leyes creadas para proteger a mujeres víctimas de violencia. A través de redes sociales, medios alternativos y manifestaciones públicas, se reporta un aumento constante en los casos de denuncias falsas y la aplicación automática de medidas judiciales sin garantías mínimas de defensa para los acusados.
En un episodio reciente del Hasta el Hueso Podcast, se documentó una manifestación frente a la sede del Poder Judicial, en rechazo al uso abusivo de la Ley de Violencia Hacia Las Mujeres Basada en Género (Ley N.º 19.580) en Uruguay. Aunque el caso fue puntual, refleja una preocupación cada vez más extendida en distintos países que han adoptado marcos legales similares.
La nota expone testimonios de hombres que aseguran haber sido denunciados sin pruebas y sometidos a medidas cautelares inmediatas —como desalojos, restricciones de contacto y pérdida de la custodia de sus hijos— sin posibilidad de defenderse previamente. En muchos casos, los procesos concluyen con el archivo de la causa, pero sin consecuencias para quienes presentaron las denuncias falsas.
Paralelamente, se ha hecho visible una creciente participación de mujeres que alzan la voz al ver cómo estas políticas afectan directamente a sus familiares varones: hijos, hermanos, padres o parejas. Estas mujeres denuncian que el sistema judicial, al aplicar medidas automáticas basadas solo en la acusación, está generando una nueva forma de injusticia que también las impacta a ellas como núcleo familiar.
«Mi hijo fue denunciado por una expareja sin pruebas, y en menos de 24 horas ya no podía acercarse a su propia casa. No pudo ver a su hija durante meses. Luego archivaron el caso, pero el daño ya estaba hecho», relató una mujer durante la protesta.
Redes sociales como X (antes Twitter), Facebook y TikTok se han convertido en espacios donde se viralizan testimonios que cuestionan la falta de mecanismos para verificar la veracidad de las denuncias antes de aplicar medidas legales que afectan la libertad, reputación y vínculos familiares de los acusados.
Aunque muchas de estas leyes buscan garantizar una protección efectiva y oportuna frente a casos reales de violencia, especialistas consultados en el podcast advirtieron que también es necesario incorporar mecanismos que eviten su uso con fines maliciosos, así como sanciones efectivas en casos comprobados de denuncias falsas.
El debate sigue abierto, y cada vez más sectores exigen una revisión equilibrada del marco legal vigente en varios países, que permita proteger a quienes verdaderamente lo necesitan sin generar nuevos abusos ni vulneraciones de derechos básicos.