Tanto el Presidente de la República, algunos funcionarios de Casa Presidencial como ciertos sectores autodenominados rodriguistas están aplicando prácticas propias de gobiernos totalitarios. Este es uno de los pasos hacia una dictadura, por lo que los costarricenses no podemos ni debemos bajar la guardia en el análisis de las acciones de los funcionarios públicos.
Para que un ciudadano pueda diferenciar entre un país democrático y una dictadura, necesita conocimientos que el sistema educativo actual no proporciona. Nuestras casas de estudio han dejado de formar ciudadanos para convertirse en fábricas de mano de obra al servicio de empresas que, en muchos casos, tienen conflictos de interés con el gobierno. Este es otro de los factores que facilitan la corrupción, dificultando que las nuevas generaciones puedan identificarla.
La denuncia pública es el mecanismo por el cual los costarricenses pueden conocer las irregularidades en la gestión de los funcionarios públicos. Por eso, los regímenes totalitarios—que a menudo operan dentro de estructuras de crimen organizado—buscan silenciarla. En muchos casos, estos mismos funcionarios ni siquiera reconocen que están cometiendo delitos, pues creen que actúan conforme a derecho.
Sin embargo, la labor de los funcionarios públicos debe estar sujeta al escrutinio ciudadano, ya que administran los recursos económicos del país, las armas de la República, los bienes naturales y los servicios públicos, los cuales deberían garantizar el acceso a los derechos humanos de la población.
Señalar como «enemigos del gobierno» a quienes critican la falta de transparencia de un funcionario es una forma agresiva de censura que atenta contra la libertad de expresión y fomenta el radicalismo en la sociedad, con consecuencias que pueden derivar en eventos de violencia, como los ya vistos en el fútbol.
Un funcionario que incite a la población al enfrentamiento para evitar ser fiscalizado está promoviendo la censura y actuando en contra de los principios de probidad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es innegable que los tres poderes del Estado han sido infiltrados por el crimen organizado. En los últimos 12 meses, se han registrado más de 3.000 denuncias por corrupción, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Ante este panorama, debemos evitar que el país pase de un Estado social de derecho a un Estado regido por la opinión y la manipulación.
Censurar la voz de los denunciantes es una estrategia efectiva para que la corrupción siga infiltrando las instituciones públicas. Los funcionarios que intentan silenciar a quienes los investigan cometen un acto de corrupción, pues violentan derechos humanos, principios constitucionales y ponen al país en riesgo de caer en las dinámicas ideológicas del socialismo del siglo XXI, que conducen a regímenes totalitarios.
La falta de transparencia del mandatario, actualmente investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Fiscalía General de la República, es una muestra del funcionamiento del Estado de derecho. Sin embargo, intentar intimidar a quienes lo investigan revela su negativa a ser sometido a escrutinio. Con más de 60 denuncias en su contra—algunas tan claras como la beligerancia política—podría enfrentar penas de dos a seis años de cárcel si se comprueban los delitos.
Costa Rica necesita nuevas herramientas democráticas para enfrentar la infiltración del crimen organizado en el Estado. Algunos sugieren replicar el modelo de El Salvador, pero el país enfrenta un reto mayor: cuando Bukele deje el poder, ¿cómo evitar que un déspota abuse de la concentración de poder que él instauró?
El reto de Costa Rica es evitar esa concentración de poder y, en cambio, crear un nuevo pilar democrático que no sea solo representativo, como la Asamblea Legislativa, sino participativo y con mecanismos efectivos para sancionar a los funcionarios públicos que abusen del poder, comprometan la soberanía o firmen contratos lesivos para el país, como aquellos entre el Gobierno y las farmacéuticas.
La concentración de poder no es compatible con la paz social ni con el equilibrio democrático. Costa Rica debe buscar nuevas alternativas que otorguen mayor control al pueblo sobre los funcionarios públicos, en lugar de que estos intenten tutelar al ciudadano con leyes restrictivas como la Ley Antihuelgas o la imposición del ROP, ejemplos de los totalitarismos que se han venido consolidando en los últimos gobiernos.
Por eso, criminalizar la denuncia pública es convertirse en cómplice del crimen organizado y, posiblemente, en un traidor a la patria.
Opinión de Gerardo Ledezma.
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