91.17% de los fallecidos por COVID-19 entre junio 2023 hasta 2024 estaban VACUNADOS. Los médicos que los mandan a vacunar, ¿qué quieren? ¿matarlos? (Ver anexo1)
Es imperativo cuestionar la responsabilidad de aquellos profesionales médicos que aseguraron la inocuidad de la vacuna contra la COVID-19, dados los datos que sugieren lo contrario. La evidencia disponible plantea dudas sobre la eficacia de estas vacunas en la interrupción de la transmisión del virus, así como en la prevención de hospitalizaciones, enfermedades graves y fallecimientos.
(Anexo 1)
La administración de este producto, bajo la premisa de su seguridad, podría interpretarse como una acción cuestionable, especialmente a la luz de las estadísticas que revelan una proporción significativa de pacientes vacunados entre los hospitalizados y fallecidos por COVID-19. Específicamente, datos recientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indican que un alarmante porcentaje de los decesos hospitalarios por esta enfermedad, corresponde a individuos que habían recibido la vacuna.
Resulta preocupante la saturación de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con pacientes que presentan complicaciones cardiovasculares y otras afecciones graves, como derrames cerebrales, infartos, trombosis; así como enfermedades autoinmunes, Síndrome de Guillain Barré y turbo cáncer. Esta situación se ve agravada por la escasez de especialistas en el sistema público, debido a su migración al sector privado.
La falta de soluciones efectivas por parte del gobierno y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ante esta crisis sanitaria es un motivo de gran inquietud.
Resulta inaceptable la carencia de autopsias moleculares en la Morgue Judicial de San Joaquín de Flores para los casos de fallecimientos súbitos, especialmente
aquellos con posible origen cardíaco. El Dr. Jorge Aguilar Pérez, jefe de la Sección de Patología Forense, ha declarado en el oficio JSPF-0543-2024 la ausencia de información disponible sobre los resultados de autopsias en casos de muerte súbita y fallecimientos posteriores a la administración de vacunas.
Asimismo, el Dr. Aguilar Pérez señala que su sección carece de laboratorios de inmunohistoquímica, contando únicamente con un laboratorio básico de histotecnología. Esta limitación impide determinar si un fallecimiento fue consecuencia de una respuesta inmune anormal provocada por vacunas, así como la obtención de diagnósticos y estadísticas sobre la muerte súbita del lactante.
Además, se ha confirmado la inexistencia de protocolos específicos para abordar la muerte súbita posterior a la vacunación. (Ver Anexo 2)
Se plantea una profunda preocupación ante la aparente colaboración de algunos profesionales médicos costarricenses con entidades políticas y farmacéuticas en la implementación de un régimen de vacunación que ha generado controversia. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre la autonomía y la ética en la práctica médica, generando un sentimiento de vulnerabilidad en la población.
Transcurridos cinco años desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se plantea un cuestionamiento profundo sobre la responsabilidad de las autoridades políticas y médicas de Costa Rica ante el incremento en la tasa de mortalidad por diversas causas. La implementación obligatoria de las vacunas contra la COVID-19 emerge como un factor diferencial en este contexto. Resulta pertinente señalar que la mortalidad actual supera las cifras registradas durante el período pandémico.
¿Cuántas vidas más se perderán sin que se exija una rendición de cuentas a los responsables?
Dra. Jimena Campos Vallejos Médico cirujana
Código 7873
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