Ante la propuesta impulsada por la facción del Partido Nueva República y algunos diputados del Partido Unidad Social Cristiana de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para retirar al país, por la sentencia pendiente del caso “Beatriz y otros vs El Salvador”; el despacho de la diputada Kattia Cambronero solicitó formalmente al Canciller de la República, Dr. Arnoldo André Tinoco, un análisis técnico exhaustivo sobre la viabilidad y las implicaciones de que Costa Rica tome esa decisión.
- Pese a rechazo en el Plenario Legislativo de moción que instaba al Gobierno a salirse de la CIDH, la ciudadanía debe conocer la viabilidad jurídica y las implicaciones para el país de llegarse a concretar una propuesta similar.
La promesa de salirse de la CIDH es un argumento reiterado que algunos grupos conservadores han usado para generar adeptos en contextos electorales. Esta vez, a las puertas de un año preelectoral vuelve a aparecer, impulsada por el mismo grupo que en el 2018 y en el 2022 la usó para candidatear la figura del diputado neorepublicano Fabricio Alvarado.
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Costa Rica ha sido históricamente un referente en derechos humanos y una nación comprometida con los valores democráticos y la defensa de las libertades fundamentales. Por ello, esta solicitud busca promover un debate informado y responsable sobre temas de alto impacto para el país. Más allá de una ligera argumentación cargada de estereotipos y estigmas sociales.
La solicitud realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores incluye un enfoque en los siguientes aspectos:
• Jurídicos: Consecuencias internas y externas de estas acciones, incluyendo la afectación de los derechos fundamentales y las garantías supranacionales del país.
• Económicos: Costos directos e indirectos, y su impacto en la cooperación internacional y las relaciones multilaterales.
• Políticos y diplomáticos: Repercusiones en la posición de Costa Rica como líder en la defensa de los derechos humanos en la región y en el ámbito global.
• Reputacionales: Posible impacto en la credibilidad e imagen internacional de Costa Rica.
• Responsabilidades internas: Medidas que el país debería implementar para fortalecer la protección de derechos humanos en caso de desvincularse del Sistema Interamericano.
• Impacto local: Implicaciones económicas y laborales relacionadas con la permanencia de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José.
Para la diputada Cambronero Aguiluz, “en esta discusión es vital un análisis técnico profundo y balanceado que garantice coherencia con los principios que rigen la política exterior costarricense. Mi despacho reafirma su compromiso con la transparencia, la defensa de los derechos humanos, la permanencia del país en el Sistema Interamericano y el fortalecimiento del Estado de derecho.”
Se espera que el criterio del Canciller de la República sea remitido al despacho de la diputada en un plazo no mayor a 10 días hábiles, según lo establecido en la ley vigente.
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