En comparecencia de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa; en relación al Proyecto para el financiamiento internacional de la lucha contra el VIH en Costa Rica (Primer nombre que tuvo dicho Proyecto), la jerarca solicitó a las y los diputados investigar el uso, bajo esquemas privados, de 9 millones de dólares que fueron entregados al país por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, la Malaria y la Tuberculosis.
La Defensoría presentó ante las y los diputados un documento elaborado por el Programa USAID mediante el cual se acreditó que, para la llegada de esos fondos a Costa Rica, el Gobierno de la República designó al Consejo Nacional de Atención Integral del VIH (CONASIDA) a efectos de recibir y administrar la llegada de tales fondos internacionales entre 2003-2008. Sin embargo, en las fases previas del proyecto y ante consultas hechas a la Contraloría General de la República, se determinó que la naturaleza de esos dineros, dados en subvención al país, corresponde al concepto legal de Fondos Públicos Internacionales.
Concretamente, la Defensora aportó como prueba ante la Comisión Legislativa copia del documento denominado: “Recopilación Histórica del Trabajo del Mecanismo Coordinador de País-Costa Rica” elaborado por la Consultora Ana Gabriela Solano Rojas, fechado en mayo de 2011, en el que se indicó lo siguiente: “En octubre de 2002, CONASIDA presenta ante el Fondo Mundial el Proyecto: Fortalecimiento de la respuesta Nacional al VIH; con una solicitud de presupuesto por 4 millones de dólares (…) en Febrero de 2003 el Ministerio de Salud es informado, por parte del Fondo Mundial, que el proyecto había sido aprobado (…) En octubre del 2003, inicia el Proyecto y el CONASIDA se encuentra con su primer cuello de botella cuando la Contraloría General de la República le informa que los fondos que reciba el país por parte del Fondo Mundial SERAN CONSIDERADOS FONDOS PÚBLICOS”.
La Defensoría de los Habitantes llamó la atención ante las y los diputados que el Gobierno, en vez de haber optado por mejorar la eficiencia de la institucionalidad pública que sirvió de soporte al proyecto y de haber canalizado la plata del proyecto bajo los parámetros de control de la Hacienda Pública; optó por crear una estructura privada, alternativa y paralela, a través del otorgamiento a la ONG holandesa HIVOS, mediante un concurso público; la potestad de servir como Receptor Principal del Proyecto (Unidad Ejecutora) para usar de forma «rápida» (pero sin controles públicos) los dineros dados a Costa Rica por parte del Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH-Sida, la Tuberculosis y la Malaria, por un monto total de 9 millones de dólares entre 2015 a 2024.
Por otra parte, en distintos componentes del proyecto, se privilegiaron las acciones y el uso de tales fondos en determinados grupos LGTBI, de manera focalizada y no en el universo de personas enfermas o con riesgos de contraer VIH en Costa Rica. Además, la designación de la ONG-Hivos, en su condición de unidad ejecutora, derivó en el pago de parte de esos fondos internacionales para la Salud Pública en erogaciones por gastos de gestión administrativa al propio HIVOS, pagos de consultorías a personas, organizaciones e instituciones que formaban parte del Mecanismo de Control y Supervisión del Proyecto (MCP); así como subvenciones a grupos con poca o nula experiencia previa en temas relacionados con el VIH-SIDA. Pero lo que más llamó la atención a la Defensoría, fue el uso y disposición de los recursos del proyecto sin mediar los procedimientos administrativos que demanda la Ley al tratarse de fondos públicos internacionales.
La privatización de los mecanismos organizacionales para el uso local de esos fondos internacionales asignados a Costa Rica, posibilitó que a través de una desmedida «discrecionalidad» administrativa se diera uso a tales dineros sin los controles públicos que exige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
De ahí que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, solicitara a la Comisión Legislativa llamar a comparecer a la ONG-Hivos, a efectos de que rinda cuentas sobre el uso y disposición de los fondos que de manera privada ha canalizado desde el año 2015; así como a los consultores y organizaciones privadas que han recibido fondos del Proyecto. Además de otros grupos y ONG’s que históricamente han trabajado en favor de la mejora de las condiciones de vida de las personas fragilizadas y vulnerabilizadas por el VIH-Sida y que nunca fueron tomadas en cuenta en el marco del Proyecto.
Estos hechos, en criterio de la Defensoría, constituyen eventuales afectaciones a los Derechos Humanos de las personas para las cuales fue pensado y diseñado el Proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta Nacional al VIH” (2006); y por lo tanto constituyen una base justificante para que la Comisión Legislativa abra una investigación integral de un Proyecto-País que supera los 9 millones de dólares.
A partir de lo señalado por la Defensoría, la Comisión Legislativa contó con elementos objetivos para investigar al Proyecto HIVOS desde la perspectiva del cumplimiento de sus fines de salud pública; atención de la población meta, a efectos de dilucidar si se privilegió o no la atención política, en favor de determinados grupos por sobre el tratamiento y prevención del VIH-Sida en Costa Rica y de quienes le sufren y padecen. No obstante, al final de la sesión legislativa, la Comisión decidió no llevar a cabo dicha investigación en función del voto negativo del Presidente de la Comisión, quien ejerció su doble voto, y de la diputada Evita Monge.
Para Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “La tergiversación de su postura como una posición en contra de las personas LGTBI ha sido una cortina de humo para desviar la atención sobre su denuncia y sobre las verdaderas causas que llevaron a la Defensoría a apartarse del Proyecto Hivos”.
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