En el reciente Informe Anual de Labores 2021-2022, la Defensoría de los Habitantes alerta sobre la salud mental de las personas menores de edad, luego de estudiar una denuncia recibida por el abordaje institucional deficiente que se brindó a una estudiante adolescente indígena, con posteridad a un presunto intento de suicidio.
La adolescencia es una etapa de la vida que presenta desafíos, retos, oportunidades y amenazas, entre las que se encuentran el entorno digital peligroso, el consumo de drogas, la violencia, la explotación sexual o económica, la trata, la migración, la presión para tener un buen rendimiento académico o, incluso, la definición de la identidad sexual. Por ello, la Defensoría hace un llamado a invertir en todas aquellas medidas que fortalezcan la capacidad de las y los adolescentes, de manera que puedan superar estos riesgos y abordar las situaciones sociales que los excluyen.
En particular, las y los adolescentes indígenas tienen derecho a una atención de la salud mental adecuada, culturalmente pertinente e integral, lo que implica acciones interinstitucionales e interdisciplinarias, para crear ambientes protectores que brinden oportunidades de crecimiento en diversos aspectos, como lo son la educación, salud, proyectos de vida, ocio y esparcimiento.
En este marco, es importante que el Sistema Nacional de Protección Integral trabaje articuladamente. Y en particular, se requiere un trabajo conjunto entre el Patronato Nacional de la Infancia, por ser la institución de protección especial, y la Caja Costarricense de Seguro Social, por ser la institución de brinda atención sanitaria. “La Defensoría considera que el Ministerio de Educación Pública debe emprender acciones que garanticen a las personas adolescentes oportunidades de estudio, recreación y acompañamiento”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Por otra parte, respecto de la pandemia, otro impacto importante de la misma es la afectación a la salud mental de la población como consecuencia de la imposición de medidas de distanciamiento físico y social, pérdida del empleo y los problemas económicos que se presentaron como consecuencia de dichas medidas. Dicha afectación, vista desde un enfoque de salud integral, no se ha abordado necesariamente como una prioridad por parte de las instituciones gubernamentales en general, por sobre la salud física y la estabilidad económica.
El pasado 17 de junio, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un nuevo informe que exhorta a las instancias decisorias y los defensores de la salud mental a fomentar los compromisos y la adopción de medidas para cambiar actitudes, actuaciones y planteamientos en relación con la salud mental, sus determinantes y los cuidados conexos.
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