La Defensoría de los Habitantes atendió más de 26 mil reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos, según se desprende del Informe Anual de Labores 2023-2024, que realizará esta tarde la jerarca, Angie Cruickshank Lambert ante el Plenario Legislativo. La mayoría de las acciones emprendidas se realizaron a través de intervenciones expeditas o sumarias, mediante mecanismos como informes finales con recomendaciones, inspecciones, acciones judiciales, alertas tempranas o intervenciones de oficio.
Entre los temas que más ha generado respuesta de la Defensoría hacia los y las habitantes están aquellos relacionados con el derecho a la atención de la salud, el suministro del servicio de agua potable, el servicio de la educación pública, el servicio de transporte público, reclamos por concepto de atrasos en componentes salariales a trabajadores del MEP, temas municipales, plazos de espera por beneficio sociales y pensiones del Régimen No Contributivo, entre otros.
Debe indicarse que el ámbito de competencias de la Defensoría de los Habitantes se dirige al control de los actos u omisiones de más de 330 entes y órganos que conforman la Administración Pública Costarricense. La Defensora de los Habitantes destacó que el trabajo que se ha hecho desde la Defensoría, como órgano de control de legalidad, es muy importante, porque se ha vuelto a estar presente en la vida nacional por razones apropiadas, demostrando ser una institución necesaria para la sociedad, siendo que la coyuntura demanda una Defensoría independiente y robusta. Destacó también la construcción de un plan estratégico 2024-2028 con 41 metas en materia de defensa de derechos, educación, mejora continua, talento humano y cooperación.
Las cinco instituciones públicas que más reclamos presentaron los habitantes ante la Defensoría durante este periodo sobresalen el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con 2.753 atenciones, la Caja Costarricense del Seguro Social con 2.687 registros de intervención, la Dirección de Migración y Extranjería con 1.499 gestiones, el Ministerio de Educación Pública con 1.121 solicitudes, y Acueductos y Alcantarillados con 829 registros de intervención.
En relación al IMAS, persiste la incidencia de dilaciones en el trámite de solicitudes de programas sociales y en la CCSS persiste la dilación en las solicitudes de servicios de salud y seguridad social, entre otros elementos explicativos. Respecto a Migración y Extranjería, es de notar su presencia en este listado, en razón de las limitadas capacidades institucionales para atender el impacto de la crisis de flujos migratorios mixtos en la región. Finalmente, el MEP y el AyA también vuelven a formar parte de este grupo de instituciones, dadas las problemáticas estructurales que han presentado en la prestación de sus servicios.
Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
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