La Defensoría de los Habitantes solicitó, mediante una comunicación oficial al Congreso de la República, conocer en plenario y votar el Informe de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público, –expediente 20.702-, que en el año 2018 recomendó al entonces Ministro de Agricultura y Ganadería revisar y evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y de las actuaciones administrativas denunciadas por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (CANAGRO). Esta votación es altamente probable que se verifique el día de hoy en la Asamblea Legislativa.
La Defensoría de los Habitantes, por su parte, solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería revisar las acciones emprendidas ante las denuncias que presentó Canagro, entre el 2018 y 2019, ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) relacionadas con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica en casos puntuales en la zona de San Carlos. A los pocos días de haberse presentado ese Informe por parte del ente Defensor, el Director de entonces de ese Servicio Fitosanitario presentó su renuncia.
El Informe de la Defensoría de los Habitantes trató sobre los hallazgos encontrados en los expedientes en que figuran las denuncias administrativas que presentó dicha Cámara por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y contra dos personas jurídicas acreditadas por el Estado como empresas operadoras de piña orgánicas. Solicitándose al Ministerio de Agricultura y Ganadería adoptar las medidas necesarias que en Derecho corresponden.
En cuanto a la confidencialidad de la información en poder del Servicio Fitosanitario del Estado y de las agencias certificadoras, la Defensoría advierte sobre la necesidad de considerar la integralidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional y la obligatoriedad de tener presente el principio constitucional de transparencia, cuando se declara una información específica de carácter confidencial, lo cual resulta posible y válido únicamente por medio de una ley que respalde tal declaratoria.
Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, señalo que: “Las nuevas actividades productivas que se desarrollan en Costa Rica de cara a la exportación de productos orgánicos, requieren de la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar, al habitante y consumidor final, su producción en apego a las normas técnicas que protegen el ambiente”.
En este caso, la Defensoría, mediante un Informe también solicitó a las autoridades gubernamentales realizar un escaneo de todos los contenedores de piña orgánica que salen del país, como parte de las acciones que el país debe implementar para depurar su sistema exportador ante las amenazas crecientes que sufre el sector exportador desde distintos ámbitos.
Para la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo: “es importante que las autoridades realicen este monitoreo constante, 24/7, mediante el escaneo total del producto que se exporta e importa al país”. Sobre todo, tomando en consideración el decomiso puntual, tanto en territorio nacional como a nivel internacional, de exportaciones originadas en Costa Rica, con piña orgánica y otros productos exportables que han sufrido la contaminación con elementos ilícitos.
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