La Defensoría de los Habitantes catalogó la situación actual de la educación costarricense como una “emergencia nacional”, que profundiza las brechas existentes y atenta contra la posibilidad de que el país cumpla, para el 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); concretamente con una “Educación de Calidad (N°4)”.
En el reciente Informe Anual de Labores 2021-2022, presentado ante la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes reitera que se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho fundamental a la educación, incluyendo las metas del ODS, relacionadas con una educación de calidad, en general, y en particular para aquellas poblaciones de estudiantes sin conectividad o conectividad limitada. Ello, de forma que puedan contar con dicho servicio de manera universal y de acceso permanente, y se atiendan las necesidades reales y específicas para cada población (disponibilidad de energía eléctrica, conectividad, dispositivos, programas informáticos especializados, etc.). En este sentido, es de especial relevancia la situación de las y los estudiantes indígenas o quienes presentan algún tipo de discapacidad.
De acuerdo con el Estado de la Educación 2021, mientras que el porcentaje de personas graduadas de secundaria pasó del 46% en 2010 al 60% en 2021, la admisión a las universidades apenas se incrementó en cinco puntos porcentuales en el mismo período, pasando del 29% al 34%. Otro dato revelador es que solamente el 30% de personas jóvenes de zona rural ingresaron a la universidad, frente al 70% de la urbana.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las autoridades universitarias y hacendarias para que, de la mano de las medidas dirigidas a atacar las causas de la situación, enfoquen sus esfuerzos en la identificación y apoyo de estrategias puntuales para aumentar la cobertura y atacar las brechas de inequidad existentes en la educación superior. Entre otras acciones, se sugiere establecer metas de incremento progresivo en la cobertura de corto y mediano plazo, así como darlas a conocer a la población en general; procurando que el incremento de los recursos se refleje en un aumento proporcional de la cobertura y valorando el establecer cuotas de admisión para poblaciones históricamente excluidas a manera de acción afirmativa, entre otras.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la inclusión educativa, según registros de la Defensoría, un 13% del total de las denuncias recibidas en el 2021, corresponden a la violación del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en su mayoría se refieren a la inaccesibilidad física de los centros educativos; por lo que este ente defensor ha insistido en la importancia de invertir recursos en la remodelación de la infraestructura educativa. En materia de inclusión también destaca la necesidad de contar con una profesión docente de alta calidad, lo cual fue planteado por la Defensoría ante el CONESUP. Al respecto, se rescata el fortalecimiento de la capacitación inicial y las modificaciones en el proceso de reclutamiento por parte de la Dirección de Servicio Civil.
En cuanto al tema del estado de la infraestructura educativa en el país, existe un grave rezago, sobre el cual la Defensoría de los Habitantes se ha pronunciado reiteradamente, sin que el Estado haya llevado a cabo acciones concretas para mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes ejercen su derecho a la educación.
A febrero del 2022, el Ministerio de Salud informó de la existencia de 795 órdenes sanitarias emitidas a centros educativos, de las cuales 632 ya se encuentran vencidas, concentrándose la mayoría en las direcciones regionales Brunca y Huetar Caribe, lo que conlleva a que 19 centros educativos no reúnen las condiciones básicas para retornar de manera presencial este periodo lectivo. Pese a esta realidad, contradictoriamente el presupuesto para infraestructura educativa fue reducido en más de un 60% para el año 2022.
En los últimos años, la Defensoría ha tenido que emitir recomendaciones en los casos de decenas de centros educativos por el mal estado en el que se encuentran sus instalaciones, circunstancia que impacta directamente en el proceso educativo. Dicho impacto, vulnera con más fuerza a los niños y niñas de zonas rurales e indígenas, quienes, en algunos casos, no pueden ingresar a sus centros educativos debido a su condición de inhabitabilidad, ni tienen acceso a la virtualidad, como es el caso de la Escuela el Líder de Bijagua, la Escuela Sión, el Liceo Rural Usekla, el Liceo Rural China Kicha y la Escuela Monte Sión, lo cual les coloca en una posición de doble vulnerabilidad. Estos centros educativos llevan años esperando la construcción de edificios seguros, por lo que le corresponde al Estado respondiendo a su deber de diligencia, el imponer plazos razonables, atender de manera adecuada las necesidades particulares.
“La situación actual de la educación costarricense y el eventual incumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4 (Educación de Calidad), debe generar una preocupación nacional con carácter de emergencia, por las brechas que se están presentando”, sostuvo la Defensoría en su Informe Anual.
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