Para la Defensoría de los Habitantes, el transporte remunerado de personas modalidad autobús es un servicio público crítico para la realización de los derechos de las y los habitantes; en particular, lo relacionado con el Derecho al Desarrollo. Desde esa perspectiva, este Órgano Defensor ha abogado a lo largo del tiempo porque este servicio sea económicamente accesible, universal, interconectado, acorde con las necesidades de las comunidades, moderno, financiera y ambientalmente sostenible; al tiempo que cumpla con los parámetros de calidad establecidos. Es por ello que, durante la presente Administración, la Defensoría ha dado un seguimiento puntual y permanente a las principales estrategias de modernización que ha planteado el Poder Ejecutivo para este servicio, a saber: el Proyecto de Sectorización, la ruta crítica y planes del Estado ante el vencimiento de las actuales concesiones del servicio y la puesta en práctica del Sistema de Pago Electrónico.
En el contexto de ese seguimiento, la Defensoría recibió una solicitud de intervención de un habitante que manifestó su preocupación por una posible concentración de concesiones y permisos para operar el servicio en manos de pocos operadores, en contra de las disposiciones de ley vigentes. Esta preocupación aumenta de cara al proceso de renovación de las concesiones actuales que estaría generándose en setiembre del presente año. Esto por cuanto el Consejo de Transporte Público emitió y sometió a consulta de los interesados un “Lineamiento para la constitución y aplicación de consorcios operativos de acuerdo con el artículo 14 de la ley N° 3503”. Se ha advertido que algunas disposiciones del lineamiento podrían ser contrarias a la normativa vigente en relación con monopolios y prácticas anticompetitivas o podrían tener consecuencias no deseables desde esa perspectiva.
Al respecto, la Defensoría solicitó colaboración técnica y criterio a la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), instancia competente para fiscalizar, investigar y denunciar posibles prácticas anticompetitivas y el eventual establecimiento de monopolios en los mercados. La Defensoría tiene claro que el transporte público en Costa Rica es un servicio sometido a la rectoría y regulación estatal, cuya operación se brinda en concesión o mediante permisos de explotación a empresarios privados, pero ello no implica que la actividad y el sector estén ajenos a prácticas anticompetitivas. Por ello, se le solicitó a la COPROCOM, considerando las potestades de esa Comisión, en particular las relativas a la emisión de criterios para la mejor regulación de la actividad del transporte público, analizar y pronunciarse respecto al “Lineamiento para la constitución y aplicación de consorcios operativos de acuerdo con el artículo 14 de la ley N° 3503”, cuyo plazo para observaciones vence el próximo 11 de agosto. La Comisión informó a la Defensoría que ya se encuentra haciendo el análisis respectivo.
También, la Defensoría puso en conocimiento de la Comisión información remitida por habitantes como ejemplos de posibles prácticas anticompetitivas o concentraciones irregulares, de conformidad con la normativa vigente.
Asimismo, y con la finalidad de obtener insumos para el análisis de la estructura del mercado del transporte público modalidad autobús por parte de la COPROCOM, la Defensoría solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otras, información en relación con:
– Fusiones de empresas autorizadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (N° 9736).
– Detalle de las empresas a las que, entre el 18 de noviembre de 2019 y el 30 de julio de 2021 se les ha autorizado sustituir números de códigos de rutas y la asignación de un único código para todas esas rutas.
– Detalle de las licitaciones que se hayan abierto para la operación de rutas de transporte público modalidad autobús y cuántas quedaron en firme entre el año 2014 y el 30 de julio de 2021, así como indicar qué porcentaje del total de rutas en operación en la actualidad corresponde a rutas concesionadas mediante licitación.
– Listado de las rutas que entre el año 2014 y el 30 de julio de 2021 han sido abandonadas y otorgadas a nuevos operadores, así como el detalle del procedimiento seguido para ese otorgamiento.
“La Defensoría de los Habitantes es la primera en abogar por que el transporte público costarricense sea de la mejor calidad posible para la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias, pues la modernización de este servicio es una deuda pendiente en el país por décadas. Pero toda esa modernización no puede hacerse a contrapelo del ordenamiento jurídico”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
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