La Defensoría de los Habitantes cuestiona a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por no aprobar la gradualidad en la eliminación de la pensión anticipada, tal como estaba planteada en la propuesta de reforma al Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM); lo que pudo generar que muchas personas no participaran en la consulta pública pues no estaban viendo lesionados sus derechos e intereses.
Si bien, los cambios en el RIVM expuestos en la Consulta Pública (dada a conocer desde el mes de junio) son congruentes con lo aprobado por la Junta Directiva, llama la atención de este órgano Defensor que, en la propuesta sometida a dicha consulta se incluía un período de transición para ajustar la edad de retiro; específicamente, contenía un transitorio para que el ajuste a la pensión anticipada iniciara a partir del año 2025; aumentando un año en la edad requerida para ejercer el anticipo, por cada año de tiempo transcurrido.
Según publicó la CCSS en su sitio web, en un comunicado de prensa de fecha 21 de mayo de 2021, la propuesta pública de eliminación de la pensión anticipada se realizaría de forma paulatina:
“La propuesta plantea eliminar gradualmente la pensión anticipada sin costo y mantener la edad de retiro a los 65 años según lo dispuesto en el Reglamento vigente y que se mantiene desde 1947.
La eliminación gradual se haría mediante un transitorio de cinco años, aumentando cada año, un año adicional: al 2029 hombres y mujeres tendrían la misma edad de retiro de 65 años.
El transitorio define que, en 2022, 2023 y 2024 las personas se pensionan como está establecido actualmente y a partir del 2025 se adiciona un año hasta llegar a los 65.
Esto significa que en el 2025 las mujeres se podrán retirar a los 61 años y los hombres a los 63 años. En 2026 las mujeres se retiran a las 62 y hombres a los 64; en 2027, 63 y 65 respectivamente. Para 2028 las mujeres a los 64 y en el 2029 ambos se retirarán a los 65 años”.
A pesar de lo anterior y, en relación con la aprobación de la medida que elimina la pensión anticipada, ni en la conferencia de prensa ofrecida por el señor Presidente Ejecutivo, Dr. Román Macaya Hayes en la tarde noche del jueves 12 de agosto –en la que explicó a las sociedad los ajustes al RIV aprobados ese día– ni en la información publicada por esa institución, se hace referencia a la aprobación de ese transitorio. Por el contrario, se indica que la reforma entrará en vigor a fines de 2023 o principios de 2024.
Debido a la diferencia en cuanto a lo consultado públicamente y lo aprobado por esa Junta Directiva en relación con la eliminación de la pensión anticipada, es que la Defensoría de los Habitantes solicita un informe detallado de esta situación y en el que se indiquen los criterios técnicos y jurídicos utilizados para apartarse de lo sometido a consulta pública en ese aspecto (transitorio propuesto).
“La Defensoría está pidiendo cuentas a las autoridades de la CCSS por la diferencia que existe entre los cambios aprobados al reglamento del IVM y la consulta pública realizada por esa institución; específicamente lo que tiene que ver con la gradualidad en la eliminación de la pensión anticipada; lo cual pudo incidir en que muchas personas no participaran en la consulta y ahora están viendo afectados sus derechos e intereses”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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