En su reciente Informe Anual de Labores 2021-2022, la Defensoría de los Habitantes fue enfática al señalar que cuando un país cuenta con estrategias de desarrollo que buscan dignificar las condiciones de vida de un segmento importante de la población que se encuentra en situación de pobreza, exclusión social y discriminación, es de fundamental importancia que dichas estrategias sean respaldadas por políticas públicas que centren sus líneas de acción en el desarrollo humano, entendido éste a partir del crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social (eliminación de desigualdades ya sea por género, raza, color, edad, procedencia geográfica, religión, entre otros). Es con base en lo anterior, que Costa Rica promulgó y aceptó la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 25 de mayo de 2021.
La OCDE tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Dichas políticas se comparten entre los países miembros (Costa Rica es el N°38), con el fin de que cada uno de ellos las aplique en su entorno país y el beneficio sea para toda la población.
A la Defensoría de los Habitantes, como institución nacional de derechos humanos de Costa Rica, le corresponde estar pendiente de la aplicación de estas políticas para que los derechos de las personas sean respetados y potenciados. En esa línea de trabajo, se han llevado a cabo intervenciones sobre el accionar y desempeño del Estado costarricense que se vinculan directa e indirectamente con requerimientos de la OCDE, siempre que los mismos se relacionen con el respeto a los derechos humanos de la población.
En razón de lo anterior, la Defensoría ha venido insistiendo en que se deben trazar rutas claras, con rendición de cuentas y transparencia de las entidades participantes, en asuntos relacionados con el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la situación de las PYMES, la fijación de tarifas de los servicios públicos; la conectividad; y nuevas tecnologías digitales para la reactivación económica; el precio de los combustibles; y el Sistema Banca para el Desarrollo.
Asimismo, en la descripción de estudios de la OCDE, en el apartado del tema de salud, esta Organización ha identificado como hallazgo el ítem denominado “Protección para las personas habitantes en temas de salud”. En su Estudio del año 2018 señala que, si bien se ha visto una reducción de la desigualdad en el acceso al sistema de salud costarricense, la producción hospitalaria diaria promedio o la cantidad de visitas ambulatorias por profesional han disminuido, así como también, el hecho que las personas usuarias enfrentan tiempos de espera excesivamente largos.
Con el advenimiento de la emergencia sanitaria por COVID, el acceso al derecho de la salud se convierte en una prioridad a nivel mundial; esto impacta la capacidad de respuesta del sistema sanitario en general. Tanto las listas de espera y el acceso a los servicios de salud, los estados han debido enfrentar la atención de la pandemia y la estrategia de vacunación, elemento que ha sido priorizado por esta Defensoría como tema a ser monitoreado. Paralelamente, se ha dado seguimiento al impacto de dicha emergencia sanitaria en la salud mental, en la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios, así como en el control sanitario en los aeropuertos internacionales.
“La Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, refleja la situación país de cara a los indicadores de la OCDE, a efectos de contribuir con el diseño de políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para TODAS las personas”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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