La Sala Constitucional declaró inconstitucional la reducción presupuestaria destinada a la educación pública en el Presupuesto Ordinario de 2025, atendiendo una consulta de constitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes. La resolución, emitida de manera unánime, subraya que la disminución en la inversión educativa representa una regresión en los derechos humanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, destacó la importancia de garantizar la progresividad en la inversión en educación pública hasta alcanzar el 8% del PIB, como lo establece la legislación vigente. Según Cruickshank, «una reducción en esa inversión significa una regresividad en los derechos fundamentales de la población estudiantil».
La Defensoría también alertó sobre los impactos que los recortes tienen en aspectos como la implementación de un currículo completo, el bilingüismo y otras necesidades esenciales para garantizar la calidad educativa a nivel nacional.
El fallo de la Sala IV representa un llamado de atención al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para asegurar que el presupuesto cumpla con los estándares constitucionales y proteja los derechos educativos de los jóvenes del país. Se espera que, a partir de esta resolución, se tomen medidas concretas para ajustar las partidas presupuestarias y garantizar una educación inclusiva y equitativa.
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