En el marco del análisis del presupuesto ordinario de la República para el próximo año, expediente 23.912, la comisión de Asuntos Hacendarios recibió en audiencia a la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados y a la Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank, quienes llegaron a defender los recursos solicitados.
La Defensora Cruickshank aseguró a los congresistas que el monto de dinero que les autorizó Hacienda, para el 2024, profundiza cada vez más el problema económico que arrastra la institución, a la cual se le viene reduciendo su presupuesto, año con año, desde el 2018.
Aclaró que tuvo que reunirse con el ministro Nogui Acosta, pues les habían hecho un recorte de mil millones de colones, lo que prácticamente los dejaba en un cierre técnico. Por suerte, consiguieron que esos dineros se les restituyeran, pero sigue siendo insuficiente.
De acuerdo con la funcionaria, la principal afectación se encuentra en el campo de la modernización tecnológica y la ciberseguridad, ya que trabajan con equipos totalmente obsoletos, que representan un gran riesgo ante posibles ciberataques.
También tienen limitado todo su accionar en las zonas indígenas del país, donde niños, ancianos, mujeres y discapacitados, se encuentran sin ningún apoyo ante la falta de recursos para que los trabajadores responsables puedan realizar giras.
Aparte del monto que les fue asignado, Cruickshank detalló que requieren la suma adicional de 202 millones de colones, de los cuales más de la mitad serían para inversión tecnológica. Adicionalmente, les faltan 50 millones de colones más para la apertura de una oficina que atienda los requerimientos en la región sur-sur.
Falta una mensualidad
La Directora Ejecutiva de la Asamblea Legislativa Karla Granados Brenes, explicó que las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, los obligó a mantener el mismo presupuesto del año pasado, que ronda los 45 mil millones de colones.
Detalló que para poder ajustarse a dicha solicitud se vieron obligados a eliminar una de las mensualidades de pago del alquiler del nuevo edificio legislativo, al Banco de Costa Rica, por lo que el próximo año enfrentarán un faltante de 1.274 millones de colones que corresponde al pago de ese doceavo mes.
Granados Brenes indicó que a pesar del nulo crecimiento del presupuesto, la institución ha seguido cumpliendo “con los mandatos constitucionales del principio de publicidad de la ley, el principio de control político, la transparencia y el parlamento abierto” por lo que extendió su reconocimiento al personal del Congreso que hace eso posible.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Shirley Gutiérrez Araya | Asamblea Legislativa Costa Rica
