La Defensoría de los Habitantes insiste ante las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobre la impostergable necesidad de atender las falencias de administración o de gestión del Régimen No Contributivo (RNC), que lo han alejado de los principios de eficiencia y eficacia que deben permear toda la gestión pública; y cuyo cumplimiento resulta de mayor relevancia al tratarse de este régimen, por el fin que persigue.
Así de contundente fue la Defensoría al resolver un recurso de reconsideración presentado por la CCSS, al Informe Final con Recomendaciones que evaluó el proceso de gestión del Régimen No Contributivo, desde dos perspectivas: una el establecimiento de metas en los Planes Nacionales de Desarrollo, lo cual tiene incidencia en el número de pensiones que se otorgan, con un efecto directo sobre la duración en la resolución. Y la otra relacionada con la tramitología a la que se someten los posibles beneficiarios del RNC, desde la presentación de la solicitud ante la Sucursal Administrativa de la CCSS correspondiente, hasta el agotamiento de la vía administrativa con la resolución de las apelaciones.
En el Informe Final con Recomendaciones, la Defensoría puntualizó una serie de aspectos, entre ellos, la necesidad de estandarizar el procedimiento de tramitación de las solicitudes de pensión del RNC, migrando hacia el modelo de los Centros Regionales de Gestión existentes para la tramitación, análisis y resolución de las solicitudes de pensión. Asimismo, crear un sistema de expediente digital para la atención de solicitudes de RNC en todas las direcciones regionales y sucursales del país. También, regionalizar la Comisión Calificadora de la Invalidez y el proceso de valoración médica.
De igual forma, la Defensoría urgió a la auditoría interna de la CCSS, entre otras cosas, a realizar un análisis de las estadísticas de casos donde hay incongruencia entre la realidad del habitante y SINIRUBE, y emitir las recomendaciones procedentes desde una perspectiva de derechos.
Si bien la Defensoría da por atendidas algunas de las recomendaciones y como válidas algunas de las propuestas de las autoridades para mejorar la gestión del RNC; llama la atención de este ente defensor que las autoridades de la CCSS si bien no se oponen a regionalizar el proceso de valoración médica, sí se oponen a regionalizar a la Comisión Calificadora de la Invalidez, un paso trascendental para mejorar la atención de la demanda nacional. Sobre este punto, la Defensoría dará seguimiento a la propuesta de la Junta Directiva relacionada con la asignación de médicos evaluadores permanentes para la regionalización, así como a la dotación de plazas a la Dirección de Calificación de la Invalidez en San José.
“Las personas han puesto sus esperanzas en la necesidad de contar con el beneficio, lo cual, si bien no quiere decir que la administración tenga que otorgarlos por el solo hecho de solicitarlo y sin que se cuente con el derecho para ello, no deja de existir una imperante necesidad de que se mejoren al máximo los tiempos de respuesta. Lo anterior, en vista de la vulnerable condición socioeconómica que viven las y los solicitantes de dicho régimen de pensiones”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
Garantizar el debido proceso a las personas solicitantes
En la resolución del recurso de reconsideración presentado por la CCSS, la Defensoría mantiene su posición con respecto a que todas las personas solicitantes tienen derecho a que se les garantice el respeto al debido proceso en la resolución final que deniega la solicitud de pensión, procediendo no solo a indicar que se rechaza la solicitud de pensión por SINIRUBE, sino que, en el acto que deniega la solicitud, explicar claramente las razones por las cuales el SINIRUBE determinó que la persona no se encuentra en situación de pobreza.
Para la Defensoría es fundamental crear un mecanismo, dentro del proceso, que brinde opciones a las personas solicitantes para poder demostrar su situación real, en caso de considerar que la valoración del SINIRUBE es incorrecta y, además, que el mismo se indique expresamente en la resolución denegatoria.
Además, que tal y como lo ha señalado el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en caso de contradicción entre el SIPO y el SINIRUBE, debe prevalecer la valoración social más favorable a la persona solicitante.
Considera la Defensoría que la CCSS debe trabajar en coordinación con el IMAS en la identificación de posibles personas beneficiarias, para cumplir la finalidad de beneficiar la población más necesitada.
“Este Informe Especial de la Defensoría busca propiciar un planteamiento de mejora que permita al RNC asumir las necesidades a futuro, de cara a los diferentes desafíos que se presentan a partir del impacto del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida en el país, así como los avances en la protección derechos humanos de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la niñez y la adolescencia”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
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