Desde la entrada en vigencia de la Agenda 2030, el 01 de enero del 2016, la Defensoría de los Habitantes ha venido advirtiendo a las autoridades de que a pesar de la enorme inversión de recursos en políticas y programas para el combate de la pobreza (situación pre pandemia), esta sigue estancada en el 20%. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2021), la incidencia de la pobreza entre los hogares costarricenses es de 23,0 %.
La Agenda, aprobada por los 193 Estados miembros de la ONU, está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destacan la erradicación de la pobreza y el hambre, la consecución de educación y servicios médicos universales y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres.
En razón de lo anterior, la Defensoría ha insistido en diferentes estudios e investigaciones estructurales, sobre la necesidad de cambios profundos en las estrategias del país, con miras al cumplimiento de las metas del ODS N° 1, denominado “Poner Fin a la Pobreza”.
Considera la Defensoría que debe darse un cambio de paradigma, pasar del “asistencialistmo” a crear condiciones para que las personas en situación de pobreza puedan insertarse en la vida económica con el acompañamiento del Estado. Para la Defensoría se deben generar condiciones para la inserción efectiva de las mujeres jefas de hogar en la economía, con la ampliación de la cobertura y financiamiento de la red de cuido. Asimismo, considera este ente defensor que se deben fortalecer las opciones de crédito para emprendedurismo: Fideímas y Banca para el Desarrollo.
Por otra parte, la Defensoría sostiene que se deben condicionar las “ayudas” del IMAS, salvo en aquellas situaciones de pobreza de “nucleo duro”, como personas mayores o con discapacidad; así como disminuir el costo de vida por medio de servicios públicos de calidad, con tarifas accesibles, técnicamente establecidas y que estimulen el uso eficiente de los recursos tanto en la producción como en el consumo. “Se deben generar condiciones de mayor crecimiento económico y creación de empleo formal; e incentivar la formalidad en el empleo y el emprendedurismo de forma accesible, a bajo costo y sin exclusión”, expuso la Defensoría en su reciente Informe Anual de Labores 2021-2022, presentado ante la Asamblea Legislativa.
Paralelamente, la Defensoría ha advertido sobre la necesidad de cambios y reformas tanto a nivel normativo como organizacional, tales como:
-Revisión de la arquitectura, rectoría y estructura de esa institucionalidad
-Revisión y racionalización de los procedimientos para el otorgamiento de beneficios o ayudas, a la luz de los principios del debido proceso y el derecho de defensa, en particular en lo relativo al SINIRUBE y a la calificación del estado o situación de pobreza
-Revisión del funcionamiento y la lógica de operación del “Call Center” del IMAS
-Dotación de mayores recursos para las pensiones del RNC para personas mayores en situación de pobreza, así como una revisión de la lógica con la que se establecen sus metas de cobertura con miras a la universalización.
-Revisión de los procesos del IMAS para la atención de personas en situación de pobreza, con el fin de adecuar tales procesos a la idiosincrasia y particularidades regionales, como en el caso del Caribe costarricense.
“En razón de lo anterior, se pone en evidencia que la pobreza en nuestro país es abordada desde una perspectiva de Estado benefactor y asistencialista, con limitada atención a las diferencias geográficas-culturales y con escasa visión de largo plazo: se “atiende” la pobreza; se ayuda a sobrevivir en esas condiciones e incluso se estimula la dependencia de las ayudas, pero difícilmente las personas superan su situación de pobreza. De seguir por ese camino, difícilmente el país cumplirá el ODS N° 1”, puntualizó la Defensoría en su Informe Anual de Labores.
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