Preocupa riesgo de discontinuidad del servicio de salud en la cárcel de Liberia y otros centros penitenciarios
La Defensoría de los Habitantes pidió a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, resguardar el derecho a la salud y acceso oportuno a los servicios médicos en el Centro de Atención Institucional (CAI), que se localiza en la comunidad de Calle Real, del cantón de Liberia, provincia de Guanacaste; así como en los otros centros en donde se presentan problemas en la atención médica, en virtud de falta de nombramiento de personal y/o por motivo de vacaciones del funcionariado profesional, durante fin y principio de año.
Otros de los centros donde se están atendiendo solo urgencias y crónicos son CPI Terrazas, UAI Reinaldo Villalobos, CAI 26 de Julio y los ámbitos A y B del CPI Jorge Arturo Montero. Los demás casos son incluidos en una lista para el otro año según disponibilidad de citas.
En un oficio enviado este viernes a dicho Ministerio con copia a la Dirección General de Adaptación Social, al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social, se solicita informar sobre el trámite brindado a una serie de planteamientos de intervención, proveniente de familiares de personas privadas de libertad y directamente de población que se encuentra dentro del sistema penitenciario. Las consultas se refieren a la dificultad para recibir atención médica oportuna, o bien, recibir a tiempo los tratamientos por padecimientos crónicos u otros, medicamentos prescrito por el profesional médico tratante.
De acuerdo con comunicación recibida en la Oficina Regional de Liberia de la Defensoría, la administración penitenciaria en Liberia informó que a la fecha el servicio es atendido únicamente por un profesional en enfermería, ante la falta de nombramiento de personal médico, factor que provoca que aquellos privados de libertad que requieren atención sanitaria adicional, sean trasladados al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño. Para la Defensoría de los Habitantes es fundamental conocer las acciones que, desde el Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección General de Adaptación Social, se realizan para normalizar y asignar el personal médico correspondiente.
La Defensoría además requiere conocer las gestiones de coordinación interinstitucional establecidas para la atención de la población privada de libertad en la CCSS durante el receso del fin de año. Para la Defensoría es vital el respeto y atención óptima y adecuada de los derechos e intereses de las personas privadas de libertad, en plena garantía del derecho humano a la salud, en correlación al acceso oportuno a la seguridad social.
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