La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre las posibles repercusiones financieras derivadas de un eventual traslado del 100% de las personas funcionarias públicas de la modalidad de salario base más pluses al esquema de salario único global.
Como parte del proceso investigativo, la Defensoría solicitó información clave al Viceministerio de Empleo Público del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre cuál sería el efecto neto en el comportamiento del Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público, ya que es importante que se visibilice el resultado en los ingresos tributarios.
Además, se consultó cómo impactaría la modificación planteada en el supuesto de partida, en el marco fiscal a mediano plazo de 2025-2029, según el escenario base, considerando la eventualidad que todas las personas funcionarias del Gobierno Central, incluidos los órganos desconcentrados, así como las instituciones descentralizadas no empresariales, migren al esquema de salario único en relación con la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); déficit fiscal como proporción del PIB, el incremento total estimado para el presupuesto nacional, tanto en términos nominales como porcentuales.
La Defensoría también pidió un desglose del número de personas funcionarias del sector público que actualmente se encuentran bajo la modalidad de salario compuesto y salario global, desglosadas entre el Gobierno Central (incluyendo órganos desconcentrados) e instituciones descentralizadas no empresariales. Cabe destacar que, en diciembre de 2024, esta Defensoría realizó consultas al Ministerio de Hacienda y respondió que la información requerida se encontraba en proceso de elaboración por parte de MIDEPLAN, como órgano rector en materia de empleo público.
Comunicado | Defensoría de los Habitantes
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