La Defensoría de los Habitantes inició una labor de seguimiento a las acciones emprendidas por el Estado para la atención de la pasada emergencia provocadas por las intensas lluvias y que afectaron, en mayor medida, a los y las habitantes de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Zona Sur.
La Defensoría de los Habitantes realizó inspecciones a diversas comunidades afectadas tales como Carrillo y Santa Cruz de Guanacaste, así como Chacarita de Puntarenas; estableció comunicación con personas líderes de territorios indígenas; con instituciones y organizaciones que integran la Mesa Interinstitucional de Gestión de Riesgo; con representantes de entidades que participan en comités municipales de emergencias; visitó albergues; reuniones con algunos Alcaldes y Alcaldesas; con ingenieros de la zonas que laboran para el Consejo Nacional de Vialidad; líderes comunales de Ortega y Bolsón, entre otros.
Personas que estuvieron en albergues se quejaron de los criterios utilizados por las autoridades locales para ordenarles desalojar y regresar a sus viviendas, a pesar que sus casas no estaban aún en condiciones de ser habitadas o están ubicadas en zonas de riesgo. La mayor disconformidad se manifestó en el albergue de Filadelfia de Carrillo, donde más de 200 familias fueron desmovilizadas entre el 19 y el 20 de noviembre anterior.
Se informó a la Defensoría que, en albergues con presencia de adultos mayores, no se disponía de pañales ni de productos alimenticios acordes con las necesidades de esa población, tales como sopas, atoles, jugos e insumos para dietas blandas en general, situación que fue denunciada con especial intensidad en el albergue de La Guinea de Carrillo, dedicado exclusivamente a estas personas. La representación de CONAPDIS en la región Pacífico Central, informó sobre la insuficiencia, en los albergues, de los productos de apoyo que requieren las personas con discapacidad tales como sillas de ruedas y otros.
También se indicó que, en cantones como Carrillo de Guanacaste, algunas instituciones muy relevantes en la atención de emergencias no tienen sede u oficina, sino que están asentadas en cantones vecinos y por tanto su integración al Comité Municipal de Emergencias lo hacen como recargo y con menor regularidad que en los cantones en que sí tienen presencia, es el caso del IMAS, el PANI y el INAMU. Distintos actores institucionales destacaron la necesidad de contar con protocolos, a nivel regional, que clarifiquen las responsabilidades de cada entidad durante la atención de emergencias; apuntaron debilidades de liderazgo y asignación de roles.
Esta emergencia sacó a relucir nuevamente el problema de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo, especialmente cercanos a ríos, laderas y zonas no aptas para albergar caseríos y viviendas. Esta situación remite a la falta de ordenamiento territorial motivada por la inexistencia de planes reguladores cantonales, como es el caso del cantón de Santa Cruz, uno de los más afectados por la emergencia. La emergencia también visibilizó la insuficiencia de recursos para conservación y mejoramiento de la red vial nacional que está a cargo de CONAVI, con casos como el conocido en el cantón de Santa Cruz.
La Defensoría considera importante exhortar al CONAPAM para que participe activamente en el apoyo a las personas adultas mayores alojadas en albergues temporales, y asegurar la provisión, en dichos centros, de productos de higiene personal, alimenticios, médicos y otros que resultan esenciales para esta población. A la Comisión Nacional de Emergencias se le recomendó instruir y velar por una adecuada planificación de las necesidades especiales de las personas con discapacidad que sean alojadas en albergues temporales,
También considera necesario que la CNE defina con claridad los criterios de desmovilización -desalojo- de población alojada en albergues y divulgar de forma amplia, asertiva y oportuna esa información entre la institucionalidad y la población que vaya a ser desmovilizada en próximos eventos.
A la CNE se le recomendó además exhortar a los comités municipales de emergencias para que dispongan, como parte de sus protocolos de atención de albergues temporales, los canales y responsables de proveer información veraz y oportuna a las personas ingresadas. Clarificar y pronunciarse sobre el deber de ceder los centros educativos públicos para ser habilitados como albergues, e informar a la comunidad nacional sobre los criterios de distribución empleada para la provisión de alimentos a familias afectadas de manera indirecta por la emergencia, pero que no califican para ser albergadas, entre otras recomendaciones emitidas.
