La Defensoría de los Habitantes solicitó al Director de un centro penitenciario investigar el caso de una persona privada de libertad que, aparentemente, cuando reingresó al pabellón, habría comercializado medicamentos que se le entregaron durante un cita en un centro de salud, según informó personal de seguridad.
Para la Defensoría es importante que se verifique esa situación, máxime que el reglamento del sistema penitenciario en este caso, el artículo 341, dispone que los medicamentos usados por la población privada de libertad dentro de los centros, ámbitos y unidades serán suministrados por el Seguro Social y que, para dichos efectos, se deberán seguir controles estrictos con el fin de evitar su mala utilización.
La Defensoría de los Habitantes debe advertir la existencia de una prohibición legal expresa para la venta de tratamientos médicos despachados por los servicios de farmacia de la CCSS para toda la población, no sólo porque se incurre en un acto irregular sino también porque se afecta la salud pública en general. El hecho que una persona no utilice el tratamiento que le fue prescrito por su médico tratante, no sólo afecta su proceso de atención en salud, sino que le impide el uso de los fármacos a otras personas que también lo requieren y tendrían la disposición de adherirse al tratamiento. Recuerda la Defensoría de los Habitantes que todo medicamento que se le prescribe a un usuario, es para su uso personal; la venta o donación para uso de otras personas, puede causar consecuencias graves e irreparables, e incluso la muerte.
En la respuesta al caso, el director penitenciario giró instrucciones a la policía para que, en el momento que se detecta una situación como la apuntada se proceda a confeccionar un informe y remitir el asunto a los profesionales de salud y al Director para actuar como corresponde. Además giró instrucciones para que el área de salud del centro aborde a la persona privada de libertad a fin de concientizar la necesidad de poder cumplir con el tratamiento, indicarle los riesgos de no seguir con el mismo. Por último, comunicar al área legal para que, de comprobarse el hecho, se proceda con la interposición de la denuncia.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
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