La Defensoría de los Habitantes pidió al Consejo de Transporte Público (CTP), un informe detallado sobre la situación que se suscitó recientemente en las instalaciones del plantel de autobuses de la empresa Busetas Heredianas S.A., ubicado en Heredia. Según medios de comunicación, los hechos se deben a conflictos entre los accionistas de la empresa que se han elevado a estrados judiciales inclusive, sin llegar a una resolución efectiva y definitiva.
Ante este panorama y siendo éste un servicio de transporte público, la Defensoría solicitó a las autoridades del CTP un informe en el que se detalle si el Consejo tiene conocimiento previo sobre los conflictos internos en la empresa Busetas Heredianas S.A; de ser así, comunicar la valoración que se haya realizado sobre las implicaciones de esos conflictos en la prestación del servicio de transporte público que brindan.
Asimismo, para la Defensoría es importante conocer las acciones que se han adoptado a fin de garantizar la prestación del servicio en apego a lo establecido en la normativa vigente, en virtud del no refrendo del contrato de concesión para el período 2014-2021 por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según lo informado a la Defensoría por la Intendencia de Transporte de ARESEP, a través de oficio N° OF-0690-IT-2021 del 20 de agosto de 2021. Considera este ente defensor que el CTP debe brindar detalles sobre el motivo de “no refrendo por improcedencia” a que se refiere la Intendencia de Transporte en el oficio citado.
Sobre este mismo punto, la Defensoría pide al Consejo indicar qué implicaciones tiene el no refrendo de cara al nuevo proceso de renovación de concesiones que está previsto desarrollar en setiembre de 2021; específicamente si califica o no esta empresa para la renovación; además de si se está tramitando un nuevo proceso de licitación para adjudicar dicha ruta.
Interesa a la Defensoría saber qué medidas se han adoptado por parte del CTP para garantizar que los derechos e intereses de las personas usuarias serán satisfechos y tomados en consideración de cara a estos nuevos procesos licitatorios; muy especialmente de las personas con discapacidad y adultas mayores al momento de utilizar dicho servicio de transporte público, cuya ruta de atención es una de las más importantes del país.
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