Tomando en cuenta el aumento súbito en la tasa nacional de contagios por Covid-19, la Defensoría de los Habitantes de la República solicitó al Presidente dela República y al Ministro de Salud, que las nuevas medidas que se anunciarán para contener dicho aumento estén respaldadas técnica y científicamente a efectos de evitar abusos discrecionales que limiten de forma desproporcionada los derechos de las y los habitantes.
La Defensoría observa con preocupación la restricción a la movilidad vehicular, mientras se permite el uso pleno del transporte público de personas en horas pico, lo cual resulta contradictorio. De igual manera, el Ministerio de Trabajo favorece la continuidad del Teletrabajo en el Sector Público pero el Ministerio de Educación convoca a la plena presencialidad de niños y niñas en las aulas de cara al inicio del próximo curso lectivo.
Por otra parte, los bancos suspendieron las ayudas a las personas físicas y jurídicas afectadas por el Covid-19 en el ejercicio de sus actividades; sin embargo, los motivos y las razones que promovieron la adopción de tales medidas siguen subsistiendo y son una realidad para determinados sectores.
El Gobierno, a través de sus máximas autoridades sanitarias promueve la vacunación como fórmula de salvaguardia ante la proliferación del Covid y sus variantes; no obstante, se niega sistemáticamente a adoptar un modelo de vacunación 24/24/7/7 que acelere dicho proceso de vacunación para toda la población a lo largo y ancho del territorio nacional.
En criterio de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, la contradicción entre las distintas medidas gubernamentales crea incertidumbre en la población y ralentiza la eficiencia de las medidas que el país ha adoptado y debe seguir adoptando para superar ésta pandemia que agravado la crisis en todos sus ámbitos (desempleo, informalidad, violencia, etc.).
En razón de lo anterior, para este ente defensor resulta indispensable que se brinde información, clara y precisa, sobre los estudios técnicos que respaldarán las nuevas medidas que serán anunciadas por el gobierno en los próximos días.
La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos y de cara a su función principal de proteger los derechos, libertades e intereses de las y los habitantes de la República de las acciones y omisiones en la prestación de los servicios públicos por parte del Estado y sus instituciones, considera indispensable que la calidad en la prestación de los servicios públicos sea garantizada al tenor de las nuevas medidas que serán anunciadas por parte del Gobierno del Presidente Carlos Alvarado.
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