La Defensoría de los Habitantes solicitó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), que se valore ampliar el concepto de Persona Expuesta Políticamente en la Reglamentación y normativa que emite ese órgano supervisor y entidades reguladoras que lo constituyen (SUGEVAL, SUGESE, SUGEF y SUPEN); para abarcar a toda persona servidora pública que esté en la obligación de rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial.
Actualmente, el Reglamento General sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, en su artículo 22, establece que las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República, por ocupar altos cargos como por ejemplo: los Diputados, el Presidente de la República, los Vicepresidentes; los Ministros, los Viceministros, los Magistrados, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, entre otros.
Sin embargo, al considerar la lista de cargos públicos descritos en la definición de las PEP que incorpora el CONASSIF en su reglamentación y normativa y, al tomar en cuenta las situaciones y actos de corrupción en la función pública denunciados por la prensa en los últimos años que involucran a personas funcionarias públicas que no necesariamente ostentan altos cargos en la función pública; lleva a este órgano defensor a estimar como de interés nacional el fortalecer la gestión de riesgo sobre estos servidores públicos, a efecto de que el sistema financiero pueda tomar las medidas necesarias para establecer la fuente de riqueza y el origen de los fondos de esas personas y llevar a cabo un monitoreo continuo de la relación comercial que con ellos se desarrolle.
“Para la Defensoría de los Habitantes es de suma importancia que todas y todos los servidores públicos que administramos los recursos públicos rindamos cuentas sobre nuestra situación patrimonial, independientemente del cargo que se ocupe; este control podría detectar situaciones irregulares y así fortalecer la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Los recientes casos de corrupción que hoy están siendo investigados a nivel legislativo, judicial y en el ámbito administrativo demandan este tipo de respuestas”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
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