La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó a la Sala Constitucional convocar a una audiencia de emergencia al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde; al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza y al Presidente de la CCSS, Román Macaya Hayes; a efectos de que las máximas autoridades hacendarias y de salud señalen las vías de solución con que el Gobierno de la República atenderá el agravamiento en las filas de espera que sufren los pacientes para ser tratados en los servicios médicos de la CCSS.
La Defensoría de los Habitantes ha advertido a las autoridades del Sector Salud que el agravamiento en los tiempos de espera de los pacientes de la CCSS es un indicador objetivo de una preocupante mala gestión pública, que ha provocado y sigue provocando graves limitaciones a los derechos y libertades de las y los habitantes. Por lo que la Defensoría, en este momento histórico, llama la atención vehementemente sobre la situación de emergencia que se vive por padecimientos distintos al Covid-19.
“El país debe enarbolar las banderas de lucha contra las malas prácticas del sector público sanitario, como una forma de rescatar el papel de la institucionalidad en pro de las grandes mayorías de la población, en especial, de aquellos sectores más vulnerables y de mayor fragilidad, como lo son las personas que enfrentan graves padecimientos y cuyos tratamientos médicos se han prolongado de forma prejudicial para su salud. Es por ello, que la atención a los problemas en las listas de espera de los pacientes de la CCSS pasa por hacer realidad los Principios de Buen Gobierno en el quehacer gubernamental del Sector Salud a través del compromiso de sus máximas autoridades y del apoyo financiero del Presidente y su Ministro de Hacienda”, dijo la Defensora, Catalina Crespo.
Para la Defensoría, el Buen Gobierno es aquél que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la enfermedad, respetando los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Es por ello que la Defensoría reivindica éste concepto ante la difícil situación que enfrentan miles de pacientes, en razón de los excesivos tiempos de espera a que han sido condenados para acceder a procedimientos médicos, de los cuales depende su salud y bajo condiciones de Vida o Muerte en no pocos casos.
La realidad que sufren miles de personas pacientes ha encendido las luces rojas en el ente Defensor, ya que la situación en 2020 presenta un franco deterioro en comparación al año 2019, ampliándose el impacto negativo en los tiempos de espera de los servicios de salud más apremiantes y de mayor demanda, a causa de la distracción de recursos médicos generados por la atención del evento pandémico del Covid-19.
Concretamente, los datos proporcionados por la CCSS, a diciembre del 2020, evidencian que la afectación se ha dado principalmente en las áreas de consulta externa, procedimientos y cirugías.
Con respecto a las cirugías, desde marzo al 31 de diciembre 2020, la merma en la prestación de este servicio médico ha sido dramática, ya que en vez de realizarse 102 mil cirugías, lo cual era lo que se tenía proyectado; se realizaron solo 40. 590; es decir, se dejaron de realizar 61.536 cirugías, lo cual, en términos proporcionales, significa que se dejaron de hacer el 60% de las cirugías programadas; o lo que más preocupa a la Defensoría: que el 60% de las personas pacientes que estaban en listas de espera no pudieron acceder al servicio de cirugía en perjuicio de su vida y de integridad física y psicológica. Asimismo, los tiempos de espera para cirugías también sufrieron un deterioro significativo, ya que se pasó de 341 días, en diciembre 2019; a un tiempo promedio de espera de 495 días, al cierre de 2020, es decir, aumentó el tiempo de espera por una cirugía en 154 días.
Otro de los servicios contemplados en el Informe recibido por la Defensoría trata sobre la Consulta Externa, en este apartado las autoridades de la Caja acreditaron que el plazo de atención de los pacientes también se incrementó, pasando de 151 días, en diciembre 2019; a 157 días de espera, promedio, en diciembre 2020 (es decir, 6 días más). Sin embargo, el Informe también consigna que se dejaron de realizar 2.337.544 (dos millones trescientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro) citas en consulta externa, lo cual corresponde al 21% de las atenciones totales que debió haber brindado ese servicio de conformidad con las proyecciones del trabajo anual; es decir, el 21% de los pacientes no recibieron la atención médica correspondiente en Consulta Externa, desde marzo del 2020 hasta diciembre 2020.
Entre las especialidades médicas definidas como críticas en consulta externa, tanto por volumen de citas, como por la cantidad de días de espera de los usuarios para ser atendidos por el especialista, sobresale, como la especialidad más afectada, los servicios de Oftalmología: con una disminución en la atención de un 37% durante el año 2020, lo que significa un acumulado de 72 233 consultas no realizadas, seguida por Ortopedia, con un 26% de afectación y un acumulado de 41 352 consultas no realizadas.
Otro punto de preocupación para la Defensoría está dado por la situación que enfrentan los procedimientos que brinda la CCSS, ya que en el año 2020 se dejaron de realizar 100.083 procedimientos respecto al año 2019, siendo en términos absolutos las mamografías y las gastroscopías (en un país de alta incidencia en cáncer detectables, precisamente, a través de tales procedimientos) las que presentan la mayor cantidad de procedimientos no realizados: 29.027 y 19.326 respectivamente.
Ante el agravamiento de la situación médico sanitaria, la Defensoría de los Habitantes pidió a la Sala Constitucional convocar, en tutela de los derechos de los y las habitantes, a una audiencia virtual con el objetivo de que las autoridades estatales expongan las propuestas e iniciativas que permitan conocer las acciones a implementar, para la atención de las principales especialidades y procedimientos que actualmente se encuentran con plazos de espera no razonables en la seguridad social, en aras de garantizar el derecho a la salud en condiciones de oportunidad y calidad.
La Defensoría de los Habitantes ha venido tramitando una investigación de oficio a raíz de la resolución emanada por la Sala Constitucional, N° 2019 – 05560 del 29 de marzo de 2019, mediante la cual se solicitó a la Defensora de los Habitantes coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de este fallo en aras de la amplia protección individual de la persona recurrente, y atendiendo la vulneración del derecho a la salud originada en problemas estructurales que afectan a un número indeterminado de habitantes.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, indicó que es de la mayor importancia que se convoque a audiencia al Presidente de la República, al Presidente de la CCSS y a los Ministros de Hacienda y Salud para que se valore desde un punto de vista integral, médico-financiero, las vías de solución que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe implementar en pro de la Vida e integridad física de las personas pacientes.
Entre los temas que deben de ser tratados en esa audiencia ante la Sala Constitucional, la Defensoría considera prioritario los siguientes:
-Evolución del plan de acción de la CCSS en el tema de listas de espera en los servicios de consulta externa, procedimientos y cirugías
-Plan de Rompimiento de Redes (RIPSS)
-Evolución de las brechas por especialidad médica
-Portafolio de inversión en equipamiento e infraestructura
-Campaña contra el ausentismo en las citas
-Fortalecimiento del rol del Ministerio de Salud como ente rector para determinar el efecto de cada uno de ellos en la mejora en la prestación del servicio y el impacto en la realización del derecho a la salud.
La Defensoría tiene claro que, ante la actual emergencia sanitaria, tiene dos escenarios de actuación que requieren respuestas institucionales diferenciadas, tanto en lo que respecta a la atención de los casos más urgentes y de mayor complejidad en relación al covid-19; como en lo que respecta al tratamiento de la agenda pendiente sobre los tiempos de espera para proteger la vida y la salud de las personas, debiéndose atender ambos escenarios en forma simultánea y desde un punto de vista sistémico en aras de garantizar el derecho a la salud y a la vida de miles de habitantes.
La Defensora fue enfática en señalar que: “La vida humana es inviolable y ese es el mandato ético y legal que nos debe unir a todas y todos, autoridades públicas, personal sanitario y habitantes para que, a través de nuestro mejor esfuerzo y de nuestro mayor compromiso, construyamos juntos condiciones que defiendan la vida y la integridad física de las personas, en especial, para aquellos, cuyas condiciones de vulnerabilidad y enfermedad los condena a una espera que no siempre pueden soportar.
Para buscar una solución real y permanente, debemos empezar reconociendo que los problemas de planificación y de organización en los servicios públicos de salud ha generado listas de espera; y esos tiempos excesivos en que las citas son dadas a las personas pacientes tornan inaccesibles e inalcanzables tales servicios de salud. Y el no-acceso a la salud, representado por un frío listado burocrático, no responde, humanamente, a la realidad de vida o muerte a la que están expuestos miles y miles de habitantes, (por enfermedades distintas al Covid, pero que en términos reales y equivalentes: significan otra pandemia de otro tipo).
“La Defensora pidió celeridad a la sala Constitucional para convocar a ésta audiencia, así como ha pedido celeridad a las autoridades de salud para vacunar 24/7, a más personas en más lugares y en el menor tiempo posible; para que el factor tiempo no nos gane y nos prive de salvar la vida de quienes aún no han sido vacunados o de quienes tienen años de esperar por una cirugía u otro servicio a través de listas que se alargan y se prolongan”, dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, PhD.
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