Tomando en cuenta que la prestación de los servicios públicos a las y los habitantes de la República ha sufrido un serio deterioro como consecuencia de la pandemia por Covid-19, que se ha traducido en un incremento significativo en las cifras de denuncias que tramita la Defensoría, (alcanzando el record histórico tanto en 2020 como en lo que va del 2021), Catalina Crespo demandó a la Ministra de Trabajo los estudios técnicos que sirvieron para respaldar la continuidad del teletrabajo, bajo parámetros de máxima pandemia, en el sector público.
La prensa nacional ha denunciado que “Sin mediciones de rendimiento, Ministra deja en teletrabajo a empleados Públicos”; indicando que las autoridades argumentaron la presencia de una nueva variante del Covid-19, para justificar la ampliación de la directriz para hacer teletrabajo, en las instituciones públicas aún y cuando dicha variante no se ha identificado en el país y aún y cuando las autoridades rectoras del Sector Salud no hay emitido ninguna directriz en ese sentido.
En razón de lo anterior, para este ente defensor resulta indispensable que se brinde información clara y precisa sobre los estudios técnicos que respaldan esta medida; y así lo requirió en un oficio dirigido a la Ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano.
Recientemente, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, pidió al Presidente de la República, Carlos Alvarado y al Consejo de Gobierno instruir al Ministerio de Salud para que adopte los protocolos necesarios y suficientes que permitan el pleno regreso a la normalidad, prepandemia, mediante la eliminación de todas las restricciones de aforo, dentro de las instituciones públicas, que impiden y limitan al día de hoy el apersonamiento de las y los funcionarios públicos a sus lugares de trabajo; lo cual debe ser dable para todos aquellos servidores que cuentan ya con el esquema de vacunación completo.
La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos y de cara a su función principal de proteger los derechos, libertades e intereses de las y los habitantes de la República de las acciones y omisiones en la prestación de los servicios públicos por parte del Estado y sus instituciones, considera indispensable que la calidad en la prestación de los servicios públicos sea mejorada de cara a los habitantes que requieren y demandan tales servicios.
Este ente también solicitó a las autoridades de Salud su criterio para el retorno a la presencialidad de las y los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes.
Cabe destacar que, para la Defensoría, la presencialidad no significa dejar sin efecto el teletrabajo, como modalidad de desempeño laboral, ya que éste puede y debe seguir dándose como operaba antes de la pandemia y de cara a su actualización respecto a las nuevas circunstancias-país.
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