La Defensora de los Habitantes manifiesta su preocupación por la “pérdida” de 200 expedientes del Juzgado de Violencia Doméstica del III Circuito Judicial de San José, sucedida en el mes de marzo del 2020, producto de que luego de un conteo o inventario de los expedientes, se detectó que existía dicho faltante.
En las publicaciones periodísticas que abordaron este tema (CRhoy.com, 11 de agosto del 2021), se indica que tanto la Inspección Judicial (expediente 20-876-31-DI) como la Fiscalía Adjunta de Desamparados del III Circuito Judicial de San José (expediente 20-004401-0042-PE), se encuentran investigando los hechos.
Por su parte, el Diario La Extra del 10 de noviembre del 2020, informó, en relación con una gestión realizada por dos funcionarias de dicho Juzgado, que: “Con esto no solamente se está afectando a los usuarios. Muchas personas llaman para preguntar por sus expedientes y a nosotros prácticamente nos dicen que no podemos informarles que los expedientes están perdidos. El buscar un expediente me significa a mí más de dos horas entre más de 6.000 para saber si es o no uno de los perdidos. No se ha levantado un inventario donde se indique cuáles fueron los expedientes perdidos y así no tengo que estar perdiendo el tiempo ni hacérselo perder al usuario, que al final es la persona a quien nosotros brindamos el servicio”.
Por ello, la Defensora solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informar cuál ha sido la respuesta que se le ha dado a las personas usuarias que consultan por los expedientes físicos, con el trámite de solicitud de fotocopia de dichos expedientes cuando una persona usuaria lo solicite y se informe sobre la reposición de las piezas de los expedientes.
Urgió conocer qué sucede con los derechos de las personas víctimas de violencia doméstica ante la ausencia de estos expedientes y los plazos que estén prontos a vencer , así como si han dictado medidas de protección o prórrogas en los casos involucrados.
Asimismo, solicitó conocer sobre el estado de las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección Judicial y la Fiscalía y el resultado de las acciones adoptadas por el Área de Ambiente Laboral de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, en el caso particular del ambiente laboral del Juzgado en cuestión.
La Ley de Violencia Doméstica N° 7586, fue promulgada para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de este tipo de violencia y en sus disposiciones generales, dicha normativa es clara al señalar que “las autoridades que intervengan en la aplicación de esta Ley brindarán protección especial a madres, personas menores de edad, personas adultas mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad, considerando las situaciones específicas de cada una. Asimismo, esta Ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja o de abuso sexual intrafamiliar”.
Por ello, la Defensoría reafirma la necesidad que tiene el país de eliminar todo tipo de violencia y, en este caso, específicamente la violencia doméstica; la cual requiere de una atención integral por parte del Estado y la sociedad. Por eso, hacemos un llamado al Estado para que se cumpla con la legislación nacional y los compromisos internacionales relacionados con la erradicación de la violencia. Para ello, es necesario investigar los hechos denunciados y dar solución inmediata a las personas usuarias en relación con el principio de debida diligencia y pronta justicia.
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