La Defensoría de los Habitantes respeta, en todos sus extremos, la resolución de la Sala IV ante la consulta de constitucionalidad presentada ante el proyecto de ley 23.782 que pretende la ampliación de la vida útil de los autobuses por un año más.
Para la Defensoría de los Habitantes era necesario y obligatorio, por su mandato de ley en materia de control de legalidad, acudir ante la instancia constitucional para determinar si existía o no una violación en materia de accesibilidad y de obligatoriedad de una consulta a las personas con discapacidad como lo establece la Ley 7.600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A ello se suma que, el país cuando aprobó en su oportunidad la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, indicó en el transitorio V que toda la flota de buses debía ser accesible en un plazo máximo de 7 años. Sin embargo, en el año 2006, transcurrido 10 años de su promulgación, muy pocas unidades cumplían este mandato. De ahí que, en esa oportunidad, la Asamblea Legislativa realizó una reforma que amplió por 8 años más y se adicionó un artículo que disponía que no podrán circular autobuses de ruta de transporte público después de transcurridos 15 años desde su fabricación.
Hoy se plantea una reforma para ampliar por un año más la vida útil de estas unidades de transporte público para las pequeñas y medianas empresas y en ese sentido, la Defensoría de los Habitantes al conocer hoy la resolución del órgano constitucional hace un llamado al país y a la Asamblea Legislativa para que este sea el último plazo y definitivo, y que se proceda como corresponde a la sustitución de la flota que supere la vida útil.
Oficina de Comunicación Institucional | Defensoría de los Habitantes
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