La Defensoría de los Habitantes reivindica el hecho de que mediante Resolución 57/277 del 20 de diciembre del 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 23 de junio como el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, destacando con ello la contribución del servicio público en el proceso de desarrollo.
A contrario sensu, la mala gestión pública se traduce en graves limitaciones a los derechos y libertades de las y los habitantes; por lo que la conmemoración de este día sirve para: “enarbolar las banderas de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en el sector público, como una forma de rescatar el papel de las instituciones en
función de las grandes mayorías de la población, en especial de aquellos sectores más pobres y vulnerables, y para rescatar al Estado y sus instituciones de la influencia de pequeños grupos que lucran de la captura de espacios
institucionales que han transformado en beneficio propio”, dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
En Costa Rica más de 300 mil funcionarios públicos laboran, en más de 300 instituciones públicas, procurando hacer realidad los Principios de Buen Gobierno; como una forma de materialización de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Sin embargo, la corrupción y el Mal Gobierno dan al traste con dichos objetivos sociales, por lo tanto en este día en que se conmemora a nivel mundial el papel de las Administraciones Públicas y su labor en el Desarrollo de los países; desde la Defensoría de los Habitantes se quiere subrayar que el buen gobierno es aquél que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha
contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho.
Las Naciones Unidas reconocen que las instituciones públicas eficaces, responsables e inclusivas son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030. La Defensoría de los Habitantes considera que, en tiempos de Pandemia, la respuesta costarricenseeste mandato internacional pasa por redoblar los esfuerzos que permitan a la institucionalidad pública responder de forma oportuna, transparente, eficiente efectiva a los retos que la nueva realidad mundial y nacional plantean.
Para ello debe considerarse que el desarrollo, tutela y observancia de los derechos humanos, se encuentra intrínsecamente ligado con la satisfacción de sus necesidades y el respeto de su dignidad humana.
El Estado, a través de la Administración Pública, debe adoptar las medidas y acciones necesarias para satisfacer las necesidades de las personas y tutelar el disfrute efectivo de sus derechos, esa es la misión en favor de la gente que
deben de atender, satisfactoriamente, las instituciones públicas de nuestro país.
El derecho a la buena administración, es decir, el Derecho al Buen Gobierno, es el imperativo categórico que deben de acatar las instituciones públicas y para ello se requiere de una Administración moderna, con procesos y
procedimientos digitalizados, que se adapte a las demandas de participación ciudadana que cada vez se presentan con mayor intensidad, donde se procure la inclusión social digital que permita mayor eficiencia y efectividad en su
quehacer, así como el acceso de todas las personas a los beneficios del desarrollo económico mediante servicios públicos que resuelvan las demandas ciudadanas de manera más eficiente, transparente y con la
participación de todos los actores sociales involucrados.
Para Catalina Crespo, “Propiciar el pleno disfrute de todos los Derechos Humanos para todas las personas, requiere calidad en la gestión pública, mediante la adopción de un esquema de evaluación que mida y garantice legalidad, responsabilidad, participación ciudadana, eficiencia, efectividad, innovación y transparencia en toda actividad administrativa. Y para ello debemos ser duros contra la corrupción, pero más duros aún, contra las
causas que la promueven y la potencian y hacen de ella un fenómeno recurrente que campea a lo largo y ancho de nuestra institucionalidad pública; acrecentando su influencia negativa en los núcleos en donde se verifica la contratación pública y la asignación de recursos públicos”.
Para la Defensoría de los Habitantes, urge una mirada de la gestión pública desde la óptica de las personas usuarias de los servicios públicos. Las y los habitantes reclaman más transparencia e integridad en el accionar de la institucionalidad pública, así como una efectiva lucha contra la corrupción, de forma tal que las instituciones cumplen el fin último para el que fueron creadas, y en concordancia con lo dispuesto en la Agenda 2030: ¡no dejar a nadie atrás!
