Defensoría solicita aclaraciones sobre el trato a migrantes deportados de EE.UU.

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La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó información urgente a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre los procedimientos aplicados a las personas deportadas desde Estados Unidos y aquellas que permanecen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM-sur).

En un oficio dirigido al Viceministro de Gobernación, Omer Badilla Toledo, y al Director de la Policía Profesional de Migración, Enrique Arguedas Elizondo, la Defensoría pidió detalles sobre el número de personas que han sido retornadas voluntariamente a sus países de origen o trasladadas a terceros países. Asimismo, solicitó conocer en qué naciones se han realizado dichos traslados.

La entidad también cuestionó la afirmación del Gobierno de que ninguna de las personas deportadas expresó temor de regresar a su país, recordando que algunas de ellas sí manifestaron ese miedo durante entrevistas realizadas por la Defensoría en febrero y ante medios de comunicación.

Otro de los puntos abordados es el uso de un documento de «consentimiento informado», en el que los migrantes deben elegir entre cuatro opciones: regresar voluntariamente a su país, trasladarse a otra nación donde sean aceptados, optar por una categoría humanitaria en Costa Rica o solicitar refugio. La Defensoría pidió aclaraciones sobre el procedimiento aplicado, la disponibilidad de traductores y si se brinda tiempo suficiente para que los migrantes analicen sus opciones antes de tomar una decisión.

Además, el oficio solicita información sobre el seguimiento que el Estado da a quienes aceptan el retorno, garantizando condiciones adecuadas de alimentación, salud y seguridad. También pregunta qué medidas se están tomando para evitar que los deportados enfrenten sanciones o represalias en sus países de origen.

La Defensoría recordó que Costa Rica, más allá de cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos, tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas migrantes. La entidad solicitó que las respuestas a sus consultas sean remitidas en un plazo de cinco días hábiles.

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