La aplicación del IVA a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil es producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 3 de diciembre de 2018. Sin embargo, la exoneración de esos servicios se había mantenido hasta el 01 de setiembre de 2021, debido a la Ley N° 9887 del 16 de setiembre de 2020, que buscaba impulsar la reactivación económica ante la crisis sanitaria y social debida a la COVID-19.
Con esa reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las señoras y señores diputados aprobaron que el pago del tributo se realizara de manera gradual, manteniendo la exoneración de los servicios en el sector construcción hasta mediados de 2021, para luego pasar a un 4% hasta mediados de 2022, a un 8% hasta mediados de 2023 y al 13% a partir de entonces.
No obstante, para la Defensoría de los Habitantes, situación económica no ha evolucionado tan favorablemente como se esperaba cuando se discutió la gradualidad de aplicación del IVA al sector construcción y, debido a la marcha de la pandemia, no parece ser este el momento más oportuno para iniciar su cobro so pena de contener o retrasar la esperada reactivación económica.
Considera la Defensoría que el IVA se discutió y aprobó en una coyuntura que no tenía prevista la crisis socioeconómica que la pandemia ha implicado para el país, lo que obliga a revisar los escenarios económicos y a realizar los ajustes necesarios en la legislación en procura de salvaguardar el bienestar de las y los habitantes, el empleo y el mantenimiento de los sectores clave más afectados por la crisis sanitaria, como es el caso de la construcción.
“La construcción es uno de los motores para reactivar la economía y superar la crisis; es un sector intensivo en mano de obra y con un alto efecto de multiplicación en sectores diversos como el comercio, transporte, turismo, entre otros; que movilizan la actividad económica en su conjunto. Por ello, la Defensoría hace un llamado a las señoras y señores diputados para que reconsideren el momento oportuno de la aplicación del IVA en servicios estratégicos y se realicen los ajustes requeridos en la legislación para hacer frente a la crisis. En este sentido, la coyuntura que justificó la reforma dada en la Ley 9897 no ha sido superada y la situación actual demanda una reconsideración de los plazos para la aplicación del IVA a la construcción de manera que sean acordes con una verdadera agenda de reactivación económica”, enfatizó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
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