La Defensoría de los Habitantes urge una intervención interinstitucional para garantizar los derechos humanos de las personas que habitan los precarios La Bendición 1 y 2, ubicados en Pavas, los cuales deberán desalojar estos terrenos por una orden judicial.
En un oficio enviado a la Comisión de Atención Interinstitucional de Desalojos, de Casa Presidencial, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, pidió información sobre las coordinaciones con las instancias administrativas de rigor como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo de la Persona Adulta Mayor, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, entre otras, para resguardar los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas.
Asimismo, la jerarca consultó si se ha contemplado la reubicación de estas personas en zonas aledañas, de tal manera que no afecte el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes.
Si bien la Defensoría es respetuosa de los procesos judiciales, debe llamar la atención en relación con las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco regulatorio de aplicación de los derechos humanos, de velar por las poblaciones vulnerables en las que se presenta mayor afectación, o se sufren mayormente los efectos de un desalojo; como es el caso de las mujeres, la niñez, adolescencia, jóvenes y personas adultas mayores.
“Estamos consultando a las autoridades de Gobierno cuáles acciones interinstitucionales se están ejecutando para atender este desalojo, especialmente dirigidas a las poblaciones más vulnerables, a quienes el Estado se encuentra obligado a brindar un rango superior de protección”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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