La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, consultó al Ministerio de Hacienda las consideraciones que debe tomar la institución en caso de implementar una posible movilidad laboral voluntaria para los funcionarios y funcionarias que libremente deseen acogerse a esta modalidad; en el
total cumplimiento al ordenamiento jurídico que lo regula.
Según Crespo Sancho, su intervención ante dicho Ministerio responde a que la Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa; donde se ha venido impulsando la movilidad laboral voluntaria desde el año 2015, lo que ha significado un considerable ahorro en su presupuesto.
La movilidad laboral voluntaria es un mecanismo que permite a una persona, de forma facultativa, adelantar su jubilación, el cual conlleva una reducción del presupuesto nacional. Esta figura está prevista en el artículo 25 de la Ley para el Equilibrio Financiero en el Sector Público (N.° 6955), para ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública.
“Consulté al Ministerio de Hacienda por la movilidad laboral porque la Defensoría está adscrita a la Asamblea Legislativa y ahí, como en otras instituciones públicas ya se ha practicado. Es una decisión voluntaria, que responde al interés de la persona funcionaria y que contribuye a la reducción del gasto público”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
La jerarca aclaró que no se trata de un desmantelamiento de la Defensoría, pues no se obliga al funcionariado a acogerse a la movilidad laboral voluntaria. Además, su consulta al Ministerio de Hacienda responde a la importancia de conocer las medidas y acciones que se deben adoptar, en apego a las mejores prácticas de la función pública.“Este plan de movilidad voluntario, en el que las y los funcionarios deciden si participan o no; conlleva una reducción en el gasto público y es una alternativa para tratar de mejorar la situación fiscal del país”, agregó la Defensora.
La Defensoría de los Habitantes destina aproximadamente el 90% del presupuesto institucional al pago de salarios.
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