Tanto Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes como Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta solicitaron a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que se le incluyan una serie de reformas al Expediente N.º 20.873. Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado anteriormente denominado Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado para que se adapte plenamente a este último sector, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La Defensora de los Habitantes expone que se han emitido dos criterios por escrito a los diferentes expedientes sustitutivos de este expediente a solicitud de la Asamblea Legislativa. Se incluyen sugerencias que fueron incorporados en los textos, entre otros la definición del acoso laboral, la protección del acoso en caso de no sucedido, las responsabilidades para jerarcas y patrones. Se sugiere valorar el plazo de prescripción dado que el propuesto de dos años es muy extenso. El plan no se ajusta a la realidad de pequeñas empresas por lo cual esta norma debe adaptarse a la realidad sin crear discriminación entre los sectores público y privado.
Argumentó que se denomina el plazo de presentación de denuncias a dos meses. La resolución final debe contemplar un plazo para evitar situaciones contrapuestas que amenacen la eficiencia de la ley. La estructura normativa se adapta al sector público, no del sistema de organización del sector privado. El texto actual presenta cambios importantes actualmente razón por la cual se ruega aceptar las recomendaciones y hacer llegar el nuevo texto a la Defensoría para elaborar un nuevo estudio.
La Procuradora General Adjunta comparte plenamente las observaciones de la Defensoría dado que las normas no contemplan el ejercicio de la población en el sector privado. Está estructurado para funcionar en grandes empresas. No están previstas sanciones en caso que el propietario ocurra en una conducta que pueda ser considerada como acoso laboral.
El foro de protección es peligroso porque se presta para que trabajador recuse al jerarca para que no los pueda denunciar, razón por la cual debe ser inconveniente desde el punto de vista práctico aseguró la Procuradora General Adjunta. La renuncia del acusador no da por finalizada la continuidad del procedimiento. No se podrá exceder los tres meses de manera que la normativa sea ordenatoria para evitar crear un fuero de impunidad. Para establecer la inhabilitación para cargos públicos debe saberse que la Ley marco de empleo establece la limitación por dos años y no por tres años como lo contiene el texto sustitutivo.
La diputada Andrea Alvarez Marín realiza varias consultas a las comparecientes. La Defensora informa que se reciben acusaciones solo del sector público, se hace una redefinición de administración activa, que le corresponde al Ministerio de Trabajo. La ley debe enfocarse más en el tema de prevención como las capacitaciones. El área laboral analiza el nivel de intervención. En el área de mujer se le sigue el asunto del acoso para que concluya de forma satisfactoria. En el caso del sector privado se propone que no haya una situación discriminante, se debe extender el tema del acoso laboral a la inspección laboral, que tiene la capacidad de llevar este tipo de procedimientos. Este ente puede perfectamente ser de recibo para estas situaciones.
La diputada Priscilla Vindas Salazar pregunta sobre el período prudente para plantear las denuncias. La Procuraduría estima que se consideren los aspectos de probidad y que es por medio de ley que se deben establecer las sanciones y procedimientos. En los casos municipales, a raíz de una resolución constitucional, sobre los electos de forma popular la Sala IV le concedió la responsabilidad al Tribunal Supremo de Elecciones.
La diputada Dinorah Barquero Barquero pregunta a la Defensora si para un jerarca como ella hay algún nivel de protección en la legislación lo que podría suceder también con las vicealdesas. Crespo Sancho destacó que se da tanto a nivel ascendente como descendente. En especial para el caso de las mujeres se da este fenómeno y lo ha experimentado en carne propia.
En respuesta al diputado David Lorenzo Segura Gamboa, la Defensora especificó que los órganos de control como ámbito legislativo deberían incluirse para considerar la atención de estas denuncias. En el tema de la mediación temprana, el funcionario de la Defensoría Juan Pablo Rodríguez dijo que se trata de un deber y obligación desarrollar políticas de prevención para atacar el acoso a través del Ministerio de Trabajo y otras instituciones llamadas a prevenir situaciones conflictivas.
En su comparecencia, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y Seguridad Social solicitó un plazo de cinco días para emitir un pronunciamiento con las observaciones los alcances de este expediente. También se presentarían las preocupaciones del Consejo Superior de Trabajo alrededor del tema.
La Ministra detalló que en el 2020 se presentaron 84 casos y 220 en el 2021. En el sector privado es muy difícil la denuncia, aunque también hay dificultades en el sector público. Se ha llegado a durar hasta ocho años para finalizar casos presentados, debido a lo cual se genera mucho estrés entre las víctimas. Se comprometió a averiguar el monto del costo de estos procesos de acoso laboral.
La Ministra argumentó que no se debe plantear un plazo mayor a un año para no hacerle daño a la víctima que presentó la denuncia de acoso laboral. Se está tratando de recuperar 20 puestos para mejorar la inspección y el Consejo Superior de Trabajo, al tiempo que se coordina con los inspectores judiciales para su presencia en el lugar de la denuncia. Se deben poner nortes con la ayuda de la Dirección de Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional para que pueden enfocarse en este tema que se está volviendo en un problema para el país.
En respuesta al diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, la Ministra detalló que no es un tema sencillo. El Ministerio de Trabajo podría apoyar en estas denuncias, aunque si se disparan los casos, sí habría problemas. Si alguien no gana más de novecientos mil colones se puede dirigir directamente al Poder Judicial. Se está tratando de capacitar a varios funcionarios para que en el interior del Ministerio se distribuyan las funciones.
La diputada Andrea Alvarez Marín informó que el proyecto se debe dictaminar el 3 de agosto razón por la cual las sugerencias del Ministerio de Trabajo a este expediente se podrían incorporar en mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo. Finalmente, la Comisión aprobó consultar el Expediente N.º 20.873. Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado anteriormente denominado Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado actualizado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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