Más de 10,000 incidentes, entre denuncias y quejas relacionadas con temas ambientales, fueron atendidos el año pasado, en todo el país, por el Ministerio de Seguridad Pública, el MINAE, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Específicamente, a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental ingresó un total de 2,358 denuncias por presuntos delitos contra el ambiente.
La información fue dada a conocer durante la presentación del informe de labores de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), compuesta por esas cuatro instituciones, que se llevó a cabo este 14 de junio, en el auditorio del OIJ, en el Primer Circuito Judicial de San José.
De acuerdo con los datos expuestos, del total de incidentes, más del 90% tiene relación con la pérdida de la biodiversidad por acciones humanas.
José Pablo González, fiscal adjunto de la Fiscalía Agrario Ambiental, destacó que, del total de denuncias recibidas en el 2022, 567 correspondieron a acciones incluidas en el delito de tala en área de protección; 432 al ilícito de invasión en área de protección y 219 al de infracción a la Ley Forestal.
«Hay mucha criminalidad organizada en los delitos ambientales», destacó el fiscal general Carlo Díaz Sánchez durante el evento. El jerarca señaló que esa delincuencia conlleva esfuerzos de cooperación internacional, porque se trata de un crimen que se presenta a nivel nacional y también fuera de nuestras fronteras.
“Bajo esta perspectiva, es un reto trabajar en la educación ambiental y en la participación ciudadana y decirle a la población que la necesitamos, porque esta es una lucha conjunta y debemos unir esfuerzos”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó que, desde que se creó la Sección Especializada contra Delitos Ambientales, en abril del 2022, se recibieron 498 denuncias y se ejecutaron 87 operativos. Además, se decomisaron 534 animales y 43 piezas arqueológicas.
“La corrupción y el crimen organizado no sólo rompen la confianza entre los ciudadanos y el Estado, sino que también causan daño a la naturaleza y al Estado; de ahí la importancia de realizar esfuerzos contra el tráfico de especies. Hace año y dos meses creamos la Sección Especializada contra Delitos Ambientales, y entre sus retos está el combate directo de los delitos ambientales que afectan a las personas y a las especies”, afirmó Zúñiga.
De acuerdo con el MINAE, “el daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque trasgrede la existencia misma de las generaciones presentes y futuras”.
La CNSA se creó en el 2016 y tiene como objetivo promover la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para fortalecer la aplicación y cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental, en el ordenamiento costarricense y, así, proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La comisión trabaja en casos de crimen organizado en delitos ambientales como tráfico de vida silvestre, madera, contaminación, pesca ilegal, minería, invasión en áreas de protección de ríos y secado de humedales, entre otros.
En el 2022, el trabajo conjunto de las cuatro instituciones logró consolidar la Primer Comisión Regional de Seguridad Ambiental en la zona sur del país, con el objetivo de que se atienda a nivel local las problemáticas ambientales relacionadas con crimen organizado ambiental, casos de pesca, cacería, tala e invasión de zonas de protección, entre otros.
Donación de equipo para luchar contra el delito ambiental
Durante la presentación del informe de labores, se entregó una donación de equipos tecnológicos y de manejo de animales silvestres decomisados, para mejorar las capacidades operativas de atención de la delincuencia ambiental de los funcionarios de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental.
El equipo donado al OIJ, MINAE y al Ministerio de Seguridad Pública está valorado en más $100,000, fondos aportados por el gobierno de los Estados Unidos, mediante la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, bajo el proyecto denominado “Mejora de la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre”.
Los fondos fueron gestionados por la organización Humane Society International Latin America.
