Costa Rica. Un grupo de abogados especializados en derechos humanos presentó una denuncia internacional contra el Estado costarricense ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, por presuntas violaciones a los derechos de 81 menores migrantes deportados desde Estados Unidos.
Los menores, procedentes de países como Afganistán, China, Rusia, Irán y Azerbaiyán, llegaron a Costa Rica en febrero de 2025 como parte de un acuerdo entre el gobierno costarricense y la administración estadounidense, que contemplaba la recepción temporal de 200 migrantes en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), ubicado en la frontera sur del país.
Según la denuncia, los niños —algunos de apenas dos años de edad— permanecieron retenidos durante casi dos meses en condiciones inadecuadas, sin acceso a educación, atención psicológica ni asistencia legal. La Defensoría de los Habitantes calificó la situación como una “privación de libertad de facto”, debido a que los migrantes no pueden salir del centro y desconocen su situación legal y opciones disponibles.
Ante la presión nacional e internacional, el gobierno costarricense anunció que emitirá permisos temporales de tres meses para algunos de los migrantes, permitiéndoles desplazarse dentro del país mientras gestionan solicitudes de asilo o alternativas de reubicación. No obstante, estos permisos no permiten trabajar, lo que limita las posibilidades de autosostenimiento.
El canciller Arnoldo André rechazó que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos y aseguró que el país ha actuado conforme a sus compromisos internacionales, ofreciendo opciones legales para los migrantes.
La denuncia ante la ONU reabre el debate sobre la gestión migratoria en la región y la responsabilidad de los Estados en la protección de los derechos de los menores en tránsito.
Fuentes: La República | Ahora
