Guanacaste, Costa Rica – 25 de mayo de 2025. Frank Paniagua Mendoza, albacea del sucesorio de su padre Manuel Paniagua Rodríguez, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, en la que acusa al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a varios expresidentes de Costa Rica, desde Rodrigo Carazo hasta la administración actual, de participar en lo que describe como “la corrupción más grande del país”.
Según la denuncia, el Estado habría expropiado de manera ilegal la Hacienda Los Palmares —propiedad de la familia Paniagua— poco después de la muerte de Manuel Paniagua en 1978, mediante procedimientos registrales y notariales fraudulentos. Posteriormente, esos terrenos habrían sido utilizados para desarrollar el proyecto turístico Golfo de Papagayo, sin compensación justa a la familia propietaria original.
El documento detalla que la finca habría sido convertida en una “finca paralela” con un nuevo número catastral y otorgada en concesión a la empresa Ecodesarrollo Papagayo, hoy controlada por el grupo estadounidense Gencom, liderado por Karim Jamal Alibhai. Según la acusación, ese terreno dio origen a un “metaverso jurídico-inmobiliario” donde se han construido hoteles de lujo y mansiones multimillonarias que no generan ingresos fiscales para el país, ya que las ganancias se transfieren a paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Dubái.
Entre los proyectos señalados se encuentran los hoteles Four Seasons, Andaz y Ritz-Carlton, este último supuestamente vinculado a la firma Mohari Hospitality, de propiedad del magnate Mark Zuckerberg, según el documento. Las operaciones incluirían alquileres de mansiones por hasta $50.000 por noche, sin que se reporte un solo dólar al Fondo de Desarrollo Turístico (FONDETUR), que según la denuncia, está en quiebra.
Además, se imputa al ICT de haber creado un registro de concesiones paralelo al Registro Nacional para inscribir los derechos de uso de terrenos de manera opaca, sin control sobre las cesiones o transferencias.
La denuncia también acusa a expresidentes como Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves de haber sido informados de los hechos y no haber actuado, mientras que la Procuraduría y el propio ICT habrían omitido defender el interés público. Incluso se indica que el concesionario demandó a la familia Paniagua y embargó parte de la hacienda, pretendiendo convertir bienes públicos en propiedad privada.
Finalmente, se señala que esta información fue enviada al FBI de Estados Unidos, bajo el argumento de que podría haber blanqueo de capitales utilizando el sistema financiero estadounidense, mediante reservas hoteleras y fondos inmobiliarios sin fiscalización.
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