Una denuncia anónima dirigida a diputados, expresidentes y medios de comunicación revela presuntos abusos dentro del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo represalias contra oficiales de la Fuerza Pública que señalan irregularidades, y condiciones laborales precarias en puestos de vigilancia asignados a residencias de exmandatarios.
El documento menciona directamente al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, y al director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo Hernández, a quienes se acusa de aplicar traslados abusivos como castigo hacia los oficiales que se atreven a denunciar actos irregulares dentro de la institución.
Según el oficio MSP-DM-799-2025, citado en la carta, el Ministerio destina más de ₡32 millones mensuales en salarios para cubrir la seguridad en seis residencias de expresidentes, lo que equivale a un gasto anual superior a los ₡194 millones. Sin embargo, la persona denunciante asegura que los puestos donde los oficiales cumplen su labor carecen de condiciones mínimas de salubridad y dignidad.
Uno de los ejemplos más detallados se refiere al puesto asignado a la residencia del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en Escazú. Allí, según el testimonio, los oficiales deben trabajar en espacios deteriorados, con sillas rotas, escritorios infestados de polilla, baños en mal estado y sin equipos básicos como ventiladores, refrigeradoras o microondas. También se indica que deben cubrir con recursos propios la limpieza del lugar y la compra de implementos básicos.
La denuncia también advierte que en estos puestos se asigna personal sin la debida capacitación en seguridad y protección, lo que pondría en riesgo tanto a los oficiales como a las personas resguardadas.
El denunciante hace un llamado a las autoridades del Ministerio, así como a la comisionada Marisol Flores Chavarría y a la prensa nacional, a visitar estos puestos de vigilancia y pasar una noche en ellos para constatar directamente las condiciones denunciadas.
El mensaje concluye con una frase contundente: “No más agresiones contra los oficiales de Fuerza Pública”.
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