Con tan solo 51.100 km² de superficie, en este pequeño territorio llamado Costa Rica habitan más de 500.000 especies de flora y fauna, lo que representa el 6 por ciento de la biodiversidad mundial. Se estima que es el país con mayor cantidad de especies por unidad de área, con 1,8 especies por km².
«Los delitos medioambientales son muy lucrativos y las penas son muy baja, por lo cual se genera mucha impunidad». Así explica la investigadora de la Sección Contra los Delitos Medioambientales, María Fernanda Llibre Jiménez, parte de la problemática que gira alrededor de este tipo de delitos que van en aumento.
La Sección de Delitos Varios investigó durante 2021 un aproximado de 156 denuncias relacionadas con delitos contra el medio ambiente, mientras que desde que se creó la Sección Contra los Delitos Medioambientales en abril del 2022 se han tramitado más de 300 denuncias.
Costa Rica, entre los 25 países más biodiversos del mundo, se ve acosada por delitos que dañan el medio ambiente, incluida la deforestación, la minería ilegal, la caza ilegal y el comercio ilícito de flora y fauna.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales son de los más rentables en el mundo, incluso es comparable con el tráfico de armas y de drogas.
Taxidermia vs caza furtiva, el fino límite de lo legal
Segú la Real Academia Española (RAE), la taxidermia se define como Arte de disecar los animales para conservarlos con apariencia de vivos.
La taxidermia está muy de la mano con lo que denominamos “caza furtiva”. Para que un material sea taxidermizado se requiere, fundamentalmente, los permisos legales correspondientes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Lo que representa que el tráfico de fauna silvestre también sea un problema importante.
El actual proceso mundial de pérdida de biodiversidad animal ligado al aumento del furtivismo internacional en sus distintas versiones, se ha convertido en un problema capital para la conservación de un número creciente de especies silvestres.
En el 2012 se aprobó la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en la que se prohíbe la caza comercial y deportiva de especies silvestres, además del tráfico y de la posesión de éstas como mascotas; esto convirtió a Costa Rica en uno de los primeros del mundo junto con Kenia y Malawi en prohibir esta práctica por completo.
“El tráfico de especies de animales silvestres puede afectar de manera directa distintos ámbitos. La pérdida de la biodiversidad y sus hábitats naturales es la consecuencia más importante, debido a que puede llegar a causar la extinción de muchos organismos”, señaló la investigadora Llibre.
A mediados de agosto de este año la Sección Especializada Contra los Delitos Medioambientales, logró en el sector de San Miguel de Sarapiquí en Alajuela, el decomiso de una gran cantidad de animales taxidermizados, que posteriormente fueron puestos bajo la custodia del Museo Nacional de Costa Rica.
La Ley de Vida Silvestre impone una sanción a quien se dedique a la taxidermia sin el permiso de las autoridades.
El artículo 111 indica que “será sancionado con multa de un veinticinco por ciento (25%) hasta un cincuenta por ciento (50%) de un (1) salario base, quien se dedique a la taxidermia o procesamiento, en forma comercial, de pieles de animales silvestres, sin la debida autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Igual sanción sufrirá, quien no lleve el libro de control exigido”.
En la actualidad, el salario base en el país es de ¢462.200.
Es importante señalar que cualquier delito medioambiental lo puede denunciar a través del 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.
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