La población judicial de todo el país asume el compromiso de implementar a partir de este año 2023, en su gestión judicial, las acciones y lineamientos que señala la “La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica”.
El propósito fundamental de la política es definir acciones a corto, mediano y largo plazo, que deben ejecutarse a nivel de organización en el Poder Judicial para fortalecer una cultura de integridad y cumplimiento en todos los ámbitos institucionales, con cero tolerancias a la corrupción y fraude organizacional interno.
Para las autoridades del Poder Judicial, ésta se constituye en una herramienta esencialmente preventiva, que busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra la corrupción y el fraude organizacional interno.
La Política de Integridad y Anticorrupción involucra a toda la población judicial del país en sus tres ámbitos: Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia.
La responsabilidad de su ejecución demanda a cada oficina y despacho judicial, el compromiso de establecer acciones desde su quehacer diario, teniendo como norte y según corresponda, los 11 ejes de trabajo y las 71 acciones que comprenden el Plan de Acción de la política institucional.
Los 11 ejes de acción, corresponde a los temas de:
1. Ética y probidad aplicada a la gestión Judicial.
2. Transparencia y rendición de cuentas para la prevención de la corrupción.
3. Gobernanza judicial y liderazgo con integridad.
4. Implementación del modelo de cumplimiento normativo del Poder Judicial.
5. Desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
6. Estrategia de comunicación y formación para la cultura de cumplimiento normativo.
7. Prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
8. Gestión del recurso humano como componente orgánico para el aseguramiento de la ética pública.
9. Supervisión, evaluación y mejora continua del mecanismo de control interno del Poder Judicial.
10. Gestión de la relación público-privada.
11. Medidas de reacción ante actos de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
La aprobación de la política se dio mediante acuerdo de la Corte Plena, en sesión N° 59-2022 celebrada el 21 de noviembre de 2022, artículo XXIV.
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