La Presidencia de la República y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) organizarán un Diálogo Nacional con la participación de múltiples sectores y con el objetivo de discutir, analizar y construir de forma colectiva un proyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público.
El Diálogo Nacional se desarrollará a partir del 20 de marzo. La discusión, análisis y construcción se realizará por medio de mesas de trabajo organizadas según las familias de puestos que dicta la Ley Marco de Empleo Público.
“Esta ley, como ya lo hemos dicho, tiene defectos, huecos legales que debemos corregir y por eso estamos convocando a un Diálogo Nacional para buscar una construcción colectiva y transparente de las reformas. Asumimos el compromiso de cuidar la plata de los costarricenses y no seguir hipotecando su futuro”, manifestó el presidente Rodrigo Chaves Robles.
Se invitará a participar a jefes de fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, autoridades de Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las municipalidades, rectores de universidades públicas, jefes de Unidades de Recursos Humanos de instituciones del sector público central y descentralizado y sindicatos representantes de diversos sectores de funcionarios públicos.
“Las mesas serán conducidas por un moderador, donde se brindará espacio a que las partes hagan sus propuestas de reforma a los artículos de la Ley Marco de Empleo Público que pudieran presentar problemas para su implementación o que generan portillos inconvenientes para cumplir su cometido de ordenar la gestión de los recursos humanos al servicio del Estado. Contaremos con observadores externos para resguardar la transparencia en el proceso del Colegio de Abogados y de la Organización Internacional del Trabajo”, declaró Laura Fernández Delgado, ministra de Mideplan.
El Diálogo Nacional establecerá “Reglas de Oro” que guiarán la discusión, análisis y construcción de la propuesta del proyecto de ley, estas reglas deben ser negociadas y aceptadas entre todos los participantes en el marco de un diálogo responsable, respetuoso y democrático.
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