La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público le dio dictamen afirmativo al expediente 22.792 que contiene toda la investigación acerca de la elaboración y aplicación de los cuestionarios denominados Factores Asociados, en el marco de las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizaje para la Renovación de Oportunidades, más conocidas como Pruebas Faro.
De igual manera se le dio dictamen afirmativo al expediente 22.146 que investigó los procesos llevados a cabo para las compras y contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de la declaratoria de emergencia por la epidemia del Covid 19.
Con relación al escándalo surgido por los cuestionarios de Factores Asociados, el legislador Luis Fernando Chacón aseguró que “a lo largo de esta investigación se determinó que en el Ministerio de Educación había una total descoordinación y ausencia de autoridad que ejerciera los controles internos para que estas pruebas tuvieran sentido”.
Agregó que todas las dependencias del MEP se pasaron la responsabilidad unas a otras, sin que ninguno de los jerarcas reconociera haber incurrido en alguna falta o equivocación.
Para la congresista Shirley Días Mejías se debe resaltar la negligencia de los funcionarios que fueron traídos a las audiencias en cuanto a su responsabilidad en cada una de las acciones que realizaron.
La legisladora dijo que le preocupa que los intereses particulares son los que caracterizan las gestas de las instituciones públicas y “solo Dios sabe” los intereses que hay detrás de esto.
“Aquí se demostró que hubo jerarcas involucrados, pero el hilo siempre se revienta por lo más delgado… pero sí quedó claro que, a través de las Pruebas Faro, se creo una UPAD 2.0.”, afirmó la congresista Díaz.
Por su parte, el congresista Carlos Ricardo Benavidez, indicó que lo que más le sorprendió en esta investigación fue descubrir que la mayoría de los textos contenidos en los documentos que conocieron los estudiantes, son casi un copy page de documentos utilizados por organismos internacionales relacionados con la educación.
Los legisladores aprobaron una moción para ampliar por 140 días hábiles el tiempo a los nuevos diputados para rendir informe sobre los expedientes 21.579 que contiene la investigación sobre el posible uso irregular y corrupto de recursos públicos, provenientes del traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011 en Banco Nacional a ASEBANACIO y el 22.380 que debe investigar todo lo relativo a la entrega, gestión y manejo de información en el contexto de los recursos públicos, para el otorgamiento de los Bonos Proteger.
Se aprobó una moción que permite continuar adelante con la investigación propuesta por el diputado Jonathan Prendas en relación con el caso del Ministerio de Salud y el impuesto a los cigarrillos.
También se aprobó seguir adelante con la propuesta del legislador Otto Roberto Vargas para que se investigue el modelo de atención del reclamo del seguro voluntario de vehículos que utiliza el Instituto Nacional de Seguros, para compra de repuestos y pago de mano de obra.
Como parte de esta última investigación, se aprobó una moción para convocar a audiencia al señor Adrián Valverde de CONATEPA, al Presidente Ejecutivo del INS y al representante de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
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