San José, Costa Rica – En un debate durante el último día del mes anterior que refleja la complejidad de la ética legislativa y las implicaciones profesionales, los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentran divididos respecto a una propuesta para prohibir el ejercicio de profesiones liberales durante el período legislativo. La propuesta ha generado un intenso debate sobre los principios de transparencia y el derecho al trabajo, y esta es la del Expediente 24 282, que pretende aplicar una “Prohibición a los diputados y diputadas para el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas”.
El Contexto de la Propuesta
El proyecto de ley en discusión busca establecer que los diputados no puedan ejercer sus profesiones liberales mientras están en funciones legislativas. Esta iniciativa surge como respuesta a preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la influencia indebida que los legisladores podrían tener al ejercer sus profesiones paralelamente a sus deberes públicos.
Actualmente, la normativa permite a los diputados ejercer sus profesiones siempre y cuando no existan conflictos de interés claros y directos. Sin embargo, críticos argumentan que esta flexibilidad abre la puerta a situaciones donde los intereses privados pueden influir en la toma de decisiones públicas.
Esta iniciativa se había presentado en otro período legislativo, pero no se le aprobó la extensión del plazo cuatrienal y se archivó. Por eso, de la mano del frenteamplista Jonathan Acuña se volvió a presentar a la corriente legislativa.
Argumentos a Favor de la Prohibición
Transparencia y Ética: Los proponentes de la prohibición, entre ellos varios diputados y organizaciones de la sociedad civil, sostienen que es fundamental para la transparencia y la ética en la función pública. Argumentan que, al prohibir el ejercicio de profesiones liberales, se reduciría el riesgo de conflictos de interés y se fortalecería la confianza pública en los legisladores.
Por ejemplo, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, ha señalado que la prohibición ayudaría a asegurar que los diputados se dediquen de lleno a sus responsabilidades legislativas. «La ciudadanía merece representantes cuya única prioridad sea el bienestar del país, sin influencias externas que puedan distorsionar su juicio», afirmó Villalta.
Ejemplos Internacionales: En países como Estados Unidos, los legisladores están sujetos a estrictas regulaciones respecto a sus actividades profesionales externas. Estas medidas buscan evitar cualquier apariencia de conflicto de interés y asegurar que los funcionarios públicos actúen únicamente en interés del pueblo.
Argumentos en Contra de la Prohibición
Derecho al Trabajo: Por otro lado, los opositores a la prohibición, que incluyen a varios diputados y asociaciones profesionales, argumentan que restringir el ejercicio de las profesiones liberales viola el derecho fundamental al trabajo. Señalan que la prohibición podría disuadir a profesionales altamente calificados de postularse para cargos públicos, lo que podría empobrecer la calidad de la representación legislativa.
Se expresó por parte de una diputada oficialista que la prohibición podría ser contraproducente. «Debemos buscar un equilibrio que permita a los diputados ejercer sus profesiones sin comprometer la transparencia. No podemos olvidar que muchos profesionales aportan una valiosa experiencia a la Asamblea Legislativa», comentó. Esta misma aseveración la había dado Paola Vega del PAC hace 4 años, cuándo se presentó el plan originalmente en la administración de Carlos Alvarado.
“Estoy en contra del proyecto, es una medida populista. Limitar a los diputados a ejercer sus profesiones cuando ocupan el cargo, nos parece una práctica que más bien puede dar pie a actos indebidos en la función pública y limitar el derecho de los profesionales”, señaló también, Daniela Rojas del PUSC.
Daniela Rojas y Danny Vargas coinciden en que de generar esta prohibición se estaría privando el país de contar con buenos profesionales en la Asamblea Legislativa. Ellos reportaron a El Observador CR: “Mucha gente se vería inhibido de participar cuando tenga prohibido de ejercer su profesión”, aseguró Vargas, quien recuerda que la remuneración en el Congreso es por dietas y no un salario fijo. “Al restringirles el ejercer su posición, tomando en cuenta que el régimen es de servicio público, debemos poder tener un respaldo en nuestras profesiones, por eso en principio no estaría de acuerdo en apoyarlo”, añadió.
Consideraciones Económicas: También se ha mencionado el impacto económico que esta medida podría tener en los diputados que dependen de sus profesiones liberales como fuente de ingresos. En un país donde la remuneración de los legisladores no siempre es suficiente para cubrir todos sus gastos, esta restricción podría tener consecuencias personales significativas para los afectados.
Es obvio que las corrientes menos posicionadas a la izquierda, se verán en desacuerdo con esta propuesta, puesto que limita el libre mercado y el obtener ganancias de sus propias funciones, mientras no legislan, a diferencia de los diputados con tendencia a la izquierda que no laboran, o que llevan varios años laborando de forma consecutiva para el Estado, o al caso, que trabajan en entidades públicas y se dan ceses pagos, para ejercer únicamente de abogados, sin que se vean afectadas sus plazas en sus puestos.
Perspectivas de la Sociedad Civil
La sociedad civil también se ha involucrado en el debate, con opiniones divididas. Organizaciones como Transparencia Internacional Costa Rica han manifestado su apoyo a la prohibición, subrayando la importancia de prevenir cualquier tipo de corrupción o favoritismo en el ámbito legislativo.
Por otro lado, asociaciones profesionales como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica han expresado su preocupación por la medida, argumentando que una prohibición total podría ser excesiva y perjudicial para los profesionales del derecho que sirven como legisladores.
Un Debate en Evolución
El futuro de esta propuesta aún es incierto. La falta de consenso entre los diputados refleja la complejidad del tema y la necesidad de encontrar un equilibrio que respete tanto la ética en la función pública como los derechos laborales de los legisladores.
El debate continúa y es probable que se requiera una mayor deliberación y posibles ajustes a la propuesta para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Lo que está claro es que el tema de la transparencia y la ética en la política seguirá siendo una prioridad para la ciudadanía y los legisladores costarricenses en los próximos meses.
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