Legisladores, funcionarios y autoridades de diferentes Estados de la región le entregarán el documento a los responsables de la Corte para externarles la enorme preocupación que existe ante la fuerte manipulación por parte de las organizaciones impulsoras del caso, junto a grupos de activistas, en el caso denominado Beatriz contra El Salvador y en el que grupos manipulan para hacer creer que la muerte de Beatriz se relaciona con la “falta de acceso al aborto”, con la única intención de impedir el resguardo de la vida de los no nacidos.
En el documento se hace un llamado a que la CIDH resuelva este caso apegada a la realidad de los hechos, pero también a la Convención Americana de DDHH que establece una protección de la vida en general y no limitada o interpretada por los activistas pro aborto que no reconocen la vida desde la concepción.
Es por eso que los firmantes le recuerdan a la Corte que las competencias conferidas por los Estados tienen límites muy bien establecidos por la Convención y que ellos no pueden ir más allá de esos acuerdos y que el artículo 4 protege la vida desde la concepción, por lo que el documento regulatorio protegía la vida de Beatriz, pero también la de la pequeña que crecía en su vientre.
Esa misma Convención condena la discriminación en los artículos 1 y 24 al establecer que todos somos iguales ante la ley independientemente de cualquier factor externo, incluso si ya nació o se encuentra en gestación.
Además, la lamentable muerte de Beatriz no tuvo relación alguna con su embarazo, tal y como señalan incontables informes periciales ya que el suceso se presentó cuatro años y cuatro meses después del nacimiento de la pequeña Leilany y víctima de un accidente de motocicleta.
A esto debemos sumar que ya en el año 2013 la misma CIDH había reconocido que el Estado Salvadoreño había tomado las acciones necesarias, oportunas y adecuadas para proteger la vida de Beatriz y que no podía establecerse ningún daño en la salud de Beatriz por no habérsele practicado un aborto.
El documento firmado por los legisladores deja en claro que quienes impulsan esta iniciativa ante la Corte son grupos pro aborto, que lo promueven y hasta lucran con el crimen de los no nacidos.
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