Diputados mediarán en conflicto entre Municipalidad de Heredia y Agricultores

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Los diputados de la Comisión Especial de Heredia se comprometieron este lunes a mediar en un conflicto que tiene la Asociación de la Feria del Agricultor de Heredia con la Municipalidad de esa ciudad.

Tanto el legislador Jonathan Acuña Soto como la diputada Katia Rivera Soto resaltaron que van a programar una reunión con estas entidades y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor para gestionar las diferencias de deudas y pagos que presentan entre estas organizaciones.

El diputado Jonathan Acuña Soto dice que el nudo del problema está en la Junta Nacional. Ahí debe apuntarse el siguiente paso corrigiendo la adenda que se tiene por siete millones de colones con el Comité regional. No tiene sentido que la institucionalidad imposibilite el funcionamiento de la feria, dijo.

El diputado Pedro Rojas Guzmán añadió que se debe favorecer al pequeño agricultor. Se debe hacer una negociación con la ayuda del diputado Horacio Alvarado Bogantes con la Municipalidad para el tema de las deudas pendientes.

Los costos de producción y el pago de deudas tan grandes, las consecuencias de la pandemia y el traslado del lugar de la feria del agricultor provocaron la fuga de 300 productores, dado que se paga 7.5 millones por el contrato de funcionamiento mientras que si se impulsara un nuevo convenio se debe bajar a 5 millones por cada uno.

Pedro Zúñiga Araya, Representante, Asociación de Agricultores de la Feria del Agricultor de Heredia detalló que, en un terreno de la zona de La Perla de Mercedes Norte, donde fueron trasladados del centro para abrirle espacio al Hospital de Heredia, las condiciones no eran aptas, se producen inundaciones. Se deben poner toldos por el calor y humedad. El terreno tiene un desnivel lo que lo hace peligroso para los adultos mayores. Además, que los lugareños están acostumbrados a comprar las frutas y verduras en los supermercados de la zona.

La policía municipal invadió el parqueo de los consumidores. El edificio no es apto para el ingreso de camiones. La infraestructura fue abandonada por la Municipal a la par del campo de la feria. Se busca un trato justo con la firma de un nuevo convenio y que se ajuste la infraestructura para que contenga las mejores condiciones de trabajo, como quitar el cobro de seguridad y garantizar que no se cobrará alquiler por el uso del espacio.

María González, representante manifestó que en la Municipalidad les indicó que había una deuda de 300 millones de colones pese a todos los pagos que se hacen. Se les dijo que los iban a cerrar. La Junta Nacional no quiere firmar el acuerdo. El Convenio es desastroso los afecta en todo. Araya dice que el terreno y la propiedad son de la Municipalidad. Se trasladaron y los tratan como inquilinos. El 3 de noviembre va a ver un espectáculo de los Peluchos Mexicanos en el mismo lugar en donde se realiza la feria. Lo anterior podría provocar un conflicto.

Los agricultores pagan 7.500 cada uno por los dos días de uso de las instalaciones. El diputado Horacio Alvarado Bogantes detalló que la Junta Nacional recibe 5 por ciento por semana para gastos administrativos, cuya inversión no se nota. José Manuel Sandí, de la Feria, aseguró que la sociedad civil está afectada porque es un tema existencial. La sociedad civil se está organizando. La localidad es un problema y ha llevado a la quiebra de varios productores.

La diputada Kattia Rivera Soto dice que este tema debe verse como de varios conflictos. Preocupa la cantidad de pequeños productores que han venido en reducción. Se plantea poner una sesión de trabajo con los actores que deben tomar definiciones en reunión y mediación en la casa de Justicia en Heredia. Es muy importante una conversación con representantes de la sociedad.

Para el inmueble utilizado son considerados como arrendatarios. Según el acuerdo con la Junta Nacional de Ferias se estableció el monto a pagar por los servicios 7.9 millones de colones. La Municipalidad cobra además un millón por seguridad mientras que la legislación indica que la seguridad debe estar en la Fuerza Pública tornando en improcedente el cobro por seguridad.

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