En audiencia con la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández y la Procuradora General Adjunta, Magda Inés Rojas, destacaron que los diputados deben consultar con las organizaciones integradas por personas con discapacidad todos los proyectos que se relaciones con esa población.
Los procuradores respondieron de esta manera a las inquietudes de la Comisión sobre los alcances de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relacionados con los trámites de consultas que deben seguir los expedientes legislativos.
El Procurador Julio Jurado manifestó que en el 2010 ya se había emitido una respuesta sobre si la Asamblea Legislativa podía delegar en otro organismo del estado las consultas sobre los proyectos en trámite.
La Procuraduría sostuvo en ese entonces que ello no puede realizarse dado que el conocimiento de las opiniones de los grupos vinculados con los temas abordados debe considerarse como una competencia exclusiva del órgano legislativo.
En ese sentido se deriva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la Asamblea tiene la obligación de conocer el criterio de esta población y sus organizaciones, integradas por ellos como parte del proceso de adopción de decisiones ineludibles para el primer poder de la República.
Las organizaciones representativas deben estar conformadas exclusivamente por personas con esta condición y en el caso de aquellas integradas por menores de edad, se contará con la opinión de los parientes cercanos, como los padres de familia.
La Procuradora Magda Inés Rojas detalló que la participación debe darse desde el inicio del proceso de formación de la ley y una vez escuchados los argumentos, su contenido debe reflejarse en los textos finales dictaminados por los foros legislativos aunque no en los extremos de la misma medida vinculante como sucede con las consultas con la Sala Constitucional.
El acceso de las personas con discapacidad a los organismos públicos suele estar limitado por razones financieras, situaciones de lejanía, disponibilidad de recursos y otras condiciones materiales.
La diputada Catalina Montero dijo que dada esta situación se ha trabajado en la Comisión legislativa por crear vínculos y mecanismos equilibrados que cumplan con las normas legales incluso mediante el uso de mecanismos virtuales.
El Procurador General indicó que deben fortalecerse esas colaboraciones pues se trata de una normativa de un tratado internacional en materia de derechos humanos.
Dada la limitación del tiempo la diputada María José Corrales propuso destinar otra sesión más adelante para tratar con las Procuraduría la situación de la contratación realizada por el Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) referente a la creación del Sistema informático denominado SICID.
El Procurador General advirtió que sobre este tema es muy poco lo que pueden aportar porque se trata de una contratación administrativa ya efectuada, razón por la cual sería la Contraloría General de la República la responsable de referirse a ese caso.
La Procuraduría en su función de abogada del Estado se pronuncia sobre normas generales y no sobre decisiones ya adoptadas por las instituciones públicas. Adicionalmente comentó que dado que este caso puede judicializarse les corresponderá asumir el papel de abogados del Estado.
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