Por un lado, atiza la hoguera del escenario político con calificativos y confrontaciones con otros poderes de la República e instituciones y, por otro, hace manifestaciones sutiles sobre la conformación del Congreso en unas próximas elecciones presidenciales.
Al cierre de este 2024, este es el estilo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, desde la perspectiva del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Al respecto, la conclusión es que el discurso toma dos direcciones: el electoral y el del conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica. “Podrían existir áreas comunes con distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta de buena fe, esto es reforzado también por la oposición asumida por los diputados oficialistas”, indica el informe, presentado esta mañana.
En cuanto al tema electoral, los mensajes han hecho referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones del 2026.
Ese nivel de disonancia en la relación del Poder Ejecutivo con otros órganos se ha trasladado también al Congreso. “Durante este periodo, la Asamblea Legislativa ha vivido en un conflicto permanente en los debates tanto en las comisiones especializadas como en las comisiones de primer orden, como la hacendaria”.
La prioridad del Gobierno ha sido impulsar el proyecto de la ley Jaguar, en sus distintas versiones, incluso más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que la declaró ilegal en cuatro artículos, y de los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
En medio de ello, el presidente acude al uso de un lenguaje duro para calificar la labor de los legisladores de la oposición, alimentado a su vez por esa misma postura de parte de la fracción oficialista hacia los demás partidos, lo que complica el entorno de negociación de proyectos.
Los choques más recientes han tenido relación con el permiso legislativo para la presencia de un grupo perteneciente a un ejército extranjero en territorio nacional, para la provisión de ayuda a los damnificados por las inundaciones de noviembre; el proyecto de rebaja del impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, así como la consulta de constitucionalidad del proyecto de Presupuesto de la República 2025.
El otro gran protagonista de los choques verbales ha sido el Poder Judicial. “El conflicto coyuntural se ha centrado en la figura del fiscal general de la República, a pesar de que no es la primera vez que quien ocupe ese puesto esté en la mira de quienes cuestionan. Además, varios magistrados y magistradas, por realizar su labor constitucional, también están de manera inédita e infundada bajo señalamientos”.
El análisis califica como “retórica manipuladora” la forma en la que el presidente Chaves señala a la Fiscalía, al decir que ha incurrido en actos de hostigamiento y acoso contra el Gobierno. Sin embargo, la tensión se incrementó luego de que la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fuera detenido por el caso Barrenador. De nuevo, tanto el mandatario como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, enfilaron sus baterías en contra del Ministerio Público.
Otros sectores
El coordinador del Programa, Carlos Carranza, y las investigadoras Laura Brenes y Rebeca Espinoza, también hicieron un análisis del país en materia de educación, seguridad, presupuesto y relaciones exteriores.
En el ámbito educativo, el informe refuerza la tendencia de que se trata de un sector en crisis, carente de una estrategia y una ruta clara y que de manera recurrente ha visto reducida la cantidad de recursos que se le destina, al pasar de un 7.07% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2017, a un 5.41%, en el 2023, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
“El recorte en la educación para este 2024 fue el más bajo en los últimos años: sumó un 5.2% del PIB. Esto se manifiesta a través de la falta de infraestructura, la casi nula inversión en nuevos centros educativos o el mantenimiento de los ya existentes, lo que genera condiciones de insalubridad con un total de 881 órdenes sanitarias, de las cuales, al menos 101, son de clausura”, reseña el informe.
En esa línea, no existe una política de estímulos para la formación integral del personal docente que arrastra vacíos en áreas claves como matemáticas, pensamiento lógico, manejo de equipos computarizados y dominio de un segundo idioma.
Una parte del personal docente carece de estabilidad laboral, se le contrata a última hora o es movilizado entre instituciones, no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida o se presentan retrasos en sus pagos salariales.
Para los investigadores del Programa existe una conexión entre el desempeño del sistema educativo y el resto de las dinámicas sociales. “No se puede pretender que persista el conflicto en las calles, en los hogares y las actitudes autoritarias, sin que esto se refleje en las dinámicas escolares. Por eso se hacen visibles en nuestros centros educativos prácticas que incitan a la violencia”.
En temas de seguridad, los investigadores llamaron la atención por el cambio en el discurso y el estilo mostrado por el ministro de Seguridad Pública, luego de grabar un video con directores de los distintos cuerpos policiales. “Es normal que un ministro de Seguridad efectúe declaraciones por su rango, pero eso es muy distinto a realizar pronunciamientos de orden que pueden rozar con el orden normativo”.
Ante ello, en el análisis se hace una excitativa a que desde esta cartera se centren en la resolución de temas como la falta de plazas policiales y la mejora logística para la operación de las diferentes dependencias y delegaciones.
Finalmente, en materia de política exterior, se enfatiza en la discrepancia de la posición costarricense, que, por un lado, reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario y, por otro, se abstuvo de votar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una declaración que promovía poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos.
Otra contradicción se da en la forma en que se refiere a estados que son comandados por dictaduras. “Costa Rica ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ha sido más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que con Daniel Ortega ha mantenido un perfil más bajo”.
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