La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de una empresa privada a través de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La acusación fue enviada al Tribunal de Corte Plena con la solicitud de que se tramite ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad de ambos funcionarios, requisito previo para someterlos a juicio ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Según el expediente 25-000019-033-PE, el presidente Chaves solicitó en 2022 una cooperación no reembolsable al BCIE por un monto de un millón de dólares. Parte de esos recursos se utilizaron para contratar a la empresa RMC LA PRODUCTORA S.A., dirigida por Christian Bulgarelli Rojas, con el objetivo de desarrollar una estrategia de comunicación para la Presidencia.
La Fiscalía sostiene que Chaves y Rodríguez actuaron en conjunto para beneficiar económicamente a Federico Cruz Saravanja, asesor personal del presidente y figura cercana a su círculo íntimo. Como parte del plan, Bulgarelli habría sido presionado para transferir $32.000 a la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en Cartago, donde Cruz Saravanja firmó un contrato de alquiler con opción de compra.
Entre las pruebas aportadas figuran correos electrónicos, documentos bancarios, registros notariales, testigos directos de las negociaciones y un informe del Organismo de Investigación Judicial que documenta las reuniones previas en Casa Presidencial.
El Ministerio Público afirma que los acusados “abusaron de sus cargos públicos para obligar e inducir a un particular a entregar un beneficio patrimonial indebido”, y que el delito se configura con el simple hecho de ejercer dicha coerción, sin necesidad de que el beneficio se concretara, aunque en este caso sí ocurrió.
La Fiscalía también indicó que Christian Bulgarelli colaboró con la investigación bajo un criterio de oportunidad, lo que permitió obtener información detallada del mecanismo utilizado para favorecer a Cruz Saravanja.
El Ministerio Público solicita al Congreso la autorización para continuar el proceso penal y que ambos funcionarios sean juzgados por la vía correspondiente.
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